La pasividad oficial en el marjal de Pego marca la gestión de los parques
Con 74.000 hectáreas, la Comunidad Valenciana casi ha duplicado su superficie de espacios protegidos en esta legislatura. Cifra engañosa si se tiene en cuenta que sólo se ha sumado un parque natural, el de Serra d"Espada (con 30.000 hectáreas), a la red de espacios oficiales. Así las cosas, la Generalitat está a la cola de las autonomías españolas respecto a su sensibilidad ambiental. Con un 3,1% de superficie protegida, sólo seis regiones han preservado menos territorio. Lejos quedan Canarias, con un 40,4% en forma de parque, o Andalucia, Asturias y Madrid, que superan el 10%. En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), con sólo nueve, la Comunidad tampoco ha mejorado. Pese a todo, los dos años transcurridos desde que arribó a la consejería José Manuel Castellá, de UV, han sido provechosos en patrimonio. Incluso se ha propuesto elevar al 18,1% la superficie protegida con su incorporación a la europea Red Natura 2000. La gestión de su antecesora, María Ángeles Ramón-Llin, ex regionalista y ahora en las listas del PP, apenas produjo réditos. Castellá culminó el de Serra d"Espadà y ha dejado a punto de caramelo los siguientes parques a sumar a la nómina: Serra Calderona y Serra Mariola, que, casi tramitados sus planes de ordenación, podrían estar oficialmente protegidos en un año. Más verdes están la parte valenciana de las Hoces del Cabriel, la Serra d"Irta y la Sierra de Salinas. De momento quedan como asignaturas pendientes para el próximo Consell. Pero no ha sido la creación de nuevos parques naturales lo que ha marcado estos cuatro años. Más bien ha sido la falta de gestión de uno de ellos lo que desequilibra el balance. La destrucción del marjal de Pego-Oliva, practicada con fruición desde el Consistorio pegolino, ha elevado la desprotección de la naturaleza a cotas delictivas. Ante la absoluta pasividad de la Consejería de Medio Ambiente y de la Delegación del Gobierno, el polémico marjal ha sufrido en los tres últimos años una batería de incendios intencionados, la desecación permanente de su patrimonio palustre mediante bombas hidráulicas pagadas con dinero municipal, la roturación de los campos reservados para las aves, el desvío de los cauces de los ríos y la plantación ilícita de arroz y de hortalizas en una zona de altísimos valores ecológicos. No en vano, el de Pego es uno de los seis humedales valencianos incluidos en la lista Ramsar, el convenio internacional sobre zonas húmedas más importante. Desafío a la Justicia El parque se creó en enero de 1995 y el Consell, ante la demora en la elaboración de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), decretó un año más tarde unas medidas de protección cautelar que prohibían toda actividad hasta que se hiciera el plan. El desafío del alcalde, el ex regionalista Carlos Pascual, y de varios concejales del Partido Popular (sin el más mínimo tirón de orejas de su presidente Eduardo Zaplana), con el edil de Agricultura José Orihuel, también presidente de la Comunidad de Regantes de Pego, a la cabeza, no sólo afectaba a aquella protección. También ha llegado al incumplimiento de la orden de paralización cautelar decretada por una juez de Dénia. Ni caso. Desde agosto de 1996 las bombas han desangrado continuamente el agua del marjal hasta el Mediterráneo sin que ninguna autoridad las sellara en cumplimiento de las normas autonómicas y de la decisión de la autoridad judicial. Mientras, hasta cuatro días antes de la extinción del plazo, el Consell no aprobó el PORN (terminado un año antes y respondidas sus alegaciones en otoño pasado). Incluso después de su aprobación, el pasado día 4, las bombas siguen actuando y los tractores arrancan impunes los rizomas del cañizal. Pero la escasa consideración manifestada al de Pego sólo es un ejemplo del respeto que merecen los humedales. Cuatro años después de la aprobación de la ley de Espacios Naturales Protegidos (en diciembre de 1994) la Comunidad carece de una Catálogo de Zonas Húmedas, que debería haber estado listo al año siguiente. El consejero José Manuel Castellá presentó su polémica lista oficial (preserva 32 humedales pero a juicio de la oposición y los ecologistas olvida otros hábitats valiosos) en enero de 1998. Cumplido el trienio de retraso, el Ejecutivo de Eduardo Zaplana ha pospuesto la aprobación de la lista al 2000. Mientras, denuncian los conservacionistas, los humedales siguen desprotegidos y a merced de los especuladores. Los más vulnerables: el marjal de Massamagrell, la albufera de Oropesa y Aguamarga (Alicante).
