El Gobierno de Zaplana aprueba la prórroga automática de emisoras

El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó ayer un decreto que prevé la renovación automática de las licencias de frecuencia modulada sin someterlas a la fiscalización de la Administración autonómica. De esta manera se confirma la medida anticipada por su presidente, Eduardo Zaplana, después de que su colega catalán, Jordi Pujol, decidiera no renovar los permisos a tres emisoras de la Cope.

La decisión de Pujol provocó la protesta de toda la radio comercial. Zaplana aprovechó la polémica para adelantar un criterio favorable a la prórroga automática de las licencias, que se renuevan cada diez años.Esta medida se produce después de que la Generalitat valenciana concediera, el pasado 24 de diciembre, 15 nuevas licencias. Medipress, una sociedad creada meses antes y cuyo administrador único es Francisco Gayá, fue adjudicataria de tres emisoras. La Cope recibió otras tres; Canal Mundo, vinculada al diario El Mundo, dos; Cadena Ibérica, dos más; Prensa Española, editora de Abc, una; Radio Las Provincias, vinculada al diario regional del mismo nombre, obtuvo otra. Las tres restantes fueron repartidas a Luis del Olmo, Cadena Voz y Radio Mediterránea.

El concurso no fue objeto de recurso administrativo alguno, pero un particular vinculado históricamente al mundo de la radio, Diego Zapata, ex concejal del Ayuntamiento de Alicante, presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante que solicitaba la suspensión cautelar de las adjudicaciones. El recurso, inicialmente archivado, ha provocado ahora la apertura de diligencias de parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Zapata ha denunciado "tintes amistosos" y una "supuesta prevaricación" en la concesión de las licencias. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) calificó el decreto aprobado ayer por el Consell como "una indecencia política" que persigue "blindar los negocios de grupos empresariales afines al PP que trabajan para acabar con la libertad de expresión". Un portavoz socialista consideró "un atentado contra el Estado de derecho" aprobar la prórroga de licencias cuando las últimas adjudicaciones se encuentran "bajo sospecha legal".

Esquerra Unida ha comentado que Zaplana persigue dejar todo "atado y bien atado" en un remedo de actitudes franquistas. Incluso Unión Valenciana, socio del PP, ha pedido que no se apruebe el decreto de prórroga hasta que el TSJ culmine la investigación abierta.