El Gobierno asegura que cada vez más jueces quieren un destino en Euskadi

El juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, recibió ayer múltiples críticas por asegurar que el clima de conflictividad política que se vive en Euskadi es la causa del elevado índice de cambios y traslados de jueces a otras comunidades. El Gobierno, el PNV, asociaciones judiciales y los letrados euskaldunes denostaron su reflexión. El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, aseguró que tras la tregua de ETA, "ahora son cada vez más los jueces de fuera que quieren trabajar en Euskadi".

Los nacionalistas no han tardado en responder a las declaraciones que González realizó ante la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento vasco el pasado miércoles. Junto al clima sociopolítico, el juez decano de Bilbao también citó los "efectos perversos" que en algunas ocasiones ha provocado la inclusión del euskera como mérito para cubrir plazas o para acceder a traslados. Para Intxaurraga, la situación actual no es "tan preocupante" como la que vivió Euskadi hace poco tiempo. "El País Vasco siempre ha sido deficitario en jueces propios, pero ahora son cada vez más los jueces de fuera que quieren venir a trabajar por los excelentes medios materiales que tiene en nuestro país la Administración de Justicia", indicó. Según el consejero, algunos jueces no están interesados en destacar las consecuencias positivas de la situación de paz que existe en el País Vasco tras el alto el fuego de ETA. También rechazó que la inclusión del euskera haya supuesto algún perjuicio para la calidad de la Justicia. "El Consejo General del Poder Judicial ha demostrado que el estamento judicial reconoce al euskera el respeto, defensa y fomento que merecen todas las lenguas autonómicas", recalcó Intxaurraga. Mucho más beligerante se mostró el portavoz del Sindicato de Abogados Euskaldunes, Iñigo Sancho, quien solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que analice la conveniencia del "traslado forzoso" del juez decano de Bilbao. "Las declaraciones [de Juan Pablo González] son provocativas y carece de legitimación social, jurídica y profesional para hacerlas", se quejó. Según el letrado euskaldún, el decano sólo tiene dos opciones: "Integrarse en la sociedad a la que pretende juzgar o trasladarse a otra". La diputada del PNV Margarita Uria consideró que las palabras del decano de Bilbao pretenden "sembrar una alarma injustificada", según informa Europa Press. González, quien pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, ha encontrado contestación también entre los magistrados. La representante de Jueces para la Democracia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, le acusó de "colocarse al margen de la Constitución, del Estado de las Autonomías y del respeto al pluralismo" por aseverar que el euskera influye negativamente en la calidad de la justicia. "Estas afirmaciones son un insulto a la inteligencia y una muestra de la absoluta falta de respeto y de desprecio a la lengua vasca", enfatizó. Emilio Olabarria, vocal del CGPJ a propuesta del PNV, rechazó que exista conflictividad política en Euskadi que afecte a la movilidad en la judicatura. El parlamentario del PSE Víctor García fue el único en respaldar la actitud del decano de Bilbao y preguntó al Gobierno sobre las medidas que va a tomar para frenar la movilidad.