Rechazo de la izquierda y la federación de municipios a la ley de salud pública
La tan reclamada Ley de Protección de la Salud Pública ha entrado con mal pie en la fase de debate parlamentario. El PSC, ERC e IC-V presentaron el miércoles sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de CiU, rechazadas con los votos de la coalición nacionalista y el PP, mientras que la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) ha expresado su frontal oposición a la normativa al considerar que discrimina a los ayuntamientos y no deja clara cuál será su responsabilidad en unas materias que hoy son de competencia municipal.
El diputado de ERC Ernest Benach expresó ayer sus dudas sobre la voluntad de CiU de seguir defendiendo su ley y someterla a votación en el Parlament antes de las elecciones municipales a causa del malestar que ha generado en los ayuntamientos. Según el proyecto de ley de CiU, todas las actividades y organismos que tengan como objetivo preservar la salud de los ciudadanos frente a agentes ambientales (el control de las aguas, de los alimentos o de la calidad del aire, por ejemplo) pasarán a depender de una Agencia de Protección de la Salud, organismo autónomo que dependerá del Departamento de Sanidad de la Generalitat. En la toma de posesión de su cargo como consejero de Sanidad, en 1996, Eduard Rius citó entre sus prioridades la elaboración de una ley de salud pública que ya había prometido su predecesor al frente del departamento, Xavier Trias. Los partidos de la oposición de izquierdas en el Parlament reprochan a CiU que la ley, además de llegar "con retraso", ha nacido "coja". Aunque sus enmiendas a la totalidad no prosperaron en la comisión de Política Social el pasado miércoles, lo que impidió que el proyecto de ley fuera devuelto, los grupos del PSC, ERC e IC-V rechazarán de nuevo la normativa durante su debate en el pleno parlamentario si CiU no incorpora sus propuestas. El PSC, que ha elaborado un crítico informe sobre el proyecto, advierte que éste no aborda los problemas de salud pública que tiene hoy Cataluña ni los que se plantean para el futuro. El PSC considera que la ley se limita a "ordenar" los recursos técnicos y humanos de la "protección de la salud". Un concepto, este último, que queda "anclado en el pasado", según el informe del PSC, porque "ignora" aspectos como los sistemas de información sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la salud laboral y el medioambiente. "[La ley] parte de un concepto clásico de la protección de la salud, por lo que no puede dar respuesta sanitaria a problemas medioambientales actuales como la contaminación por dioxinas, los accidentes industriales (fugas tóxicas), la contaminación electromagnética (líneas de alta tensión) o el efecto sobre la salud de los productos transgénicos". El PSC coincide con ERC e IC-V en que el nuevo proyecto genera confusión y un conflicto de competencias entre la Agencia de Protección de la Salud y los ayuntamientos, que ahora "tienen competencias bien definidas en inspección y control sanitario de establecimientos minoristas de alimentación, bares y restaurantes". "La ley dice que los ayuntamientos podrán adscribir recursos humanos y materiales a la agencia a través de los correspondientes convenios, pero olvida que serán los alcaldes quienes tendrán las responsabilidades y recibirán las presiones de los ciudadanos cuando haya problemas", indica el PSC en su informe. En lugar de la Agencia de Protección de la Salud propuesta por CiU, los grupos de izquierda reclaman para Cataluña un organismo como el que tendrá la ciudad de Barcelona de acuerdo con su Carta Municipal. "[Ésta] incorpora la visión global de la salud pública y el medio ambiente, promueve el protagonismo de los ayuntamientos y de los ciudadanos y se basa en el consenso de todos los partidos", afirma el PSC.
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