El Ejecutivo de CiU retira el decreto sobre emisoras municipales entre críticas a la libertad de expresión

Ha sido un proyecto de decreto de vida breve. No suscitaba entusiasmos ni en las mismas filas de CiU. Así que ayer, entre las críticas de la oposición y acusaciones de atentar contra la libertad de expresión, el Gobierno de Jordi Pujol dio marcha atrás y decidió retirar el decreto que apuntaba directamente a la desaparición de COM Ràdio, un consorcio impulsado por la Diputación de Barcelona y en el que participan un centenar de emisoras de ayuntamientos gobernados por socialistas y por Iniciativa per Catalunya-Verds. El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, dijo que la retirada de licencias a la COPE y el intento de ilegalizar COM Ràdio son actuaciones "coherentes" del Gobierno de Pujol, que "afortunadamente no durará mucho". En opinión del dirigente socialista, este modo de proceder de CiU "es una prueba más de la inseguridad, de la conciencia de la propia precariedad de la mayoría actual y de su transitoriedad", lo cual demuestra que la coalición nacionalista está abocada a un final lamentable: "Es el canto del cisne de un gobierno que ya no sabe qué hacer. Es el final de un periodo lamentable y es una lástima porque hubieran podido acabar dignamente y no lo saben hacer", informa Lluís Visa. Maragall criticó lo que considera un intento obsesivo del Gobierno catalán de apoderarse de la sociedad civil catalana: "Desde hace un año su obsesión es afincarse en la sociedad civil, que para ellos son determinadas instituciones de carácter privado y muy arraigadas en Cataluña, como clubes, medios de comunicación y entidades bancarias". El Ejecutivo de CiU explicó que la retirada del decreto obedece a que están a la espera de la aparición de un cambio en la normativa que regula las emisoras en toda España. Desde Presidencia de la Generalitat se insistió ayer en que el proyecto se hallaba en un estadio muy preliminar y que, por tanto, no saldrá adelante de forma inminente. De hecho, la propuesta de regular las emisoras municipales es anterior a que el Gobierno de Pujol repartiera las frecuencias. Pero aprobarla mediante un decreto era abrir un nuevo frente en un momento poco adecuado: vísperas de elecciones municipales. De la precipitada retirada da idea el hecho de que para el próximo lunes estaba previsto que la Comisión del Audiovisual de Cataluña (CAC) analizase el decreto en cuestión. El presidente de la CAC, Lluís de Carreras, que ocupa el cargo a propuesta de CiU, subrayó ayer que el proyecto de decreto contenía puntos de "dudosa legalidad". Carreras añadió que las seis horas obligatorias de programación mínima para las emisoras municipales serían de dudosa legalidad. El presidente del Grupo Socialista en el Parlament, Joaquim Nadal, consideró esta iniciativa "muy peligrosa e impropia de un Gobierno que se reclama de la democracia". El responsable de comunicación del PP, Ricard Fernández Déu, por su parte, recordó que "llueve sobre mojado, primero fue la retirada de las tres licencias de la COPE y ahora la intención es hacer callar a COM Ràdio. Es un ataque a la libertad de expresión y refleja voluntad de uniformar el mensaje radiofónico". Àngel Colom, presidente del PI, dijo: "La medida me parece gravísima, pero muy, muy grave, y no quiero pensar en absoluto que el Gobierno de la Generalitat vaya a una operación de control ideológico y partidista como clarísimamente indicaría este decreto".