Los servicios mínimos en los transportes cubrirán en la huelga del 21 la entrada y salida del trabajo

El Gobierno ha fijado que las empresas de transporte público mantengan durante la huelga general del día 21 un número de servicios y frecuencias equivalente al 20% de una jornada laboral, atendiendo especialmente a los horarios de entrada y salida del trabajo. El Departamento de Trabajo ha fijado en una orden esta prestación, al no poder llegar a un acuerdo con los sindicatos. Pero no ha precisado las franjas horarias en las que debe garantizarse el funcionamiento total del transporte. Así, serán las direcciones de las empresas y los comités los que lo concreten.

Las centrales consideran clave el sector de los transportes para que el paro, convocado en demanda de la semana laboral de 35 horas, sea un éxito. Los representantes sindicales ya han anunciado que no garantizan el funcionamiento del transporte en las condiciones exigidas por el Gobierno y su intención de recurrir la orden. Mientras, la patronal vasca Confebask apoya el mantenimiento de unos servicios mínimos que permitan a los empleados que deseen trabajar acudir a sus puestos y no sumarse de manera forzada a un paro por ausencia de transporte. La orden aprobada ayer por la consejería de Trabajo, que dirige Sabin Intxaurraga (EA), obliga a las empresas y organismos encargados de la prestación de los servicios sanitarios a mantener, con el personal habitual de un domingo, los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida y la atención a los enfermos. Los sindicatos están de acuerdo con esta medida. Los servicios de atención de emergencia (bomberos, protección civil) y las empresas encargadas de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua también deberán realizar prestaciones similares a las de un día festivo. En el ámbito de los medios de comunicación públicos, el Gobierno sólo exige los informativos diarios en horario habitual. Asimismo, se mantendrá el servicio de registro de documentos en las capitales de los tres territorios. Para Educación -el otro terreno de discrepancia con los sindicatos-, el Gobierno no regula ningún tipo de servicios mínimos, lo que supone una concesión a los sindicatos, que desde el primer momento se han opuesto a que se fijen. Para Intxaurraga, el espíritu de esta orden es "conjugar un derecho básico como el de huelga con otros derechos, como pueden ser el de la seguridad, la salud y el trabajo". Recurso de los sindicatos El sindicato Comisiones Obreras va a recurrir la orden de la consejería. Su secretario de Organización en Euskadi, Federico García, considera que los servicios mínimos establecidos, sobre todo para el sector de actividad del transporte, son "abusivos". "Eso de fijar un porcentaje tiene trampa, porque con la excusa del 20% las empresas pueden cubrir los horarios más sensibles". ELA también recurrirá los servicios mínimos fijados para el transporte. Para el secretario general de ELA, José Elorrieta, el derecho a la huelga es "jurídicamente· superior al derecho al trabajo. "El problema radica en transportes. La Administración parte de un supuesto: el día de la huelga tiene que ser una jornada normal desde el punto de vista del transporte. Y los sindicatos decimos que no. Si la huelga se convoca en determinadas condiciones y con las debidas garantías, no es necesario que en ciertas horas exista un transporte normalizado", argumentó. El portavoz del sindicato mayoritario, Germán Kortabarria, abundó en la línea de su secretario general. "El derecho de una huelga es un derecho que tiene un ámbito privilegiado y no se desconoce que porque en un paro de 24 horas no haya transporte regular; no hay ningún derecho fundamental que se vulnere ni mucho menos. Por el contrario, imponiendo el transporte sí se desconoce el derecho a la huelga de los trabajadores del transporte". Por su parte, el secretario de organización de UGT, Dámaso Casado, reiteró que su sindicato sólo defenderá el cumplimiento de los servicios mínimos en todo aquello que sea "garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos". En Euskadi, sólo el sector público de la enseñanza y unas pocas empresas privadas aplican la jornada semanal de 35 horas. En las administraciones públicas, donde los sindicatos también han convocado huelga, la jornada se sitúa entre las 36 y las 37 horas semanales.