Cooperación latina

ES POSIBLE que haya que modificar los criterios para la concesión de ayudas a la cooperación de nuestras universidades con las de América Latina; o quizá haya que añadir simplemente nuevas modalidades a las que ya estaban en vigor y han rendido en el pasado reciente un servicio que, como todo en esta vida, es mejorable. Decidirlo corresponde a las autoridades de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), encargada de distribuir y evaluar esas ayudas, junto con los rectores, cuyas universidades ponen en práctica los programas de cooperación. Lo que resulta poco discutible es la necesidad de aumentar el esfuerzo en cooperación con América Latina en lugar de disminuirlo, como parecen indicar los presupuestos dedicados a este capítulo en los últimos años.En un momento en el que la presencia española en el mundo empresarial está creciendo de forma notable, en clara demostración de la confianza en el porvenir de los países de habla hispana y de la ventaja comparativa asociada a compartir el idioma, lo más sensato, y hasta inevitable, sería incrementar igualmente el ritmo de cooperación entre las universidades y otras instituciones de enseñanza e investigación. No sólo porque es el ámbito natural de influencia mutua, al existir una identidad básica entre nuestras culturas, sino también porque, a la larga, las relaciones anudadas en el terreno académico acaban por extenderse a la sociedad entera. Eso lo saben perfectamente otros países que cuidan con esmero las comunidades lingüísticas y culturales en la confianza de que lo que se consiga en este terreno repercutirá en todos los demás órdenes de la vida social y económica.

Para mentalidades poco propensas a pensar en términos de intereses a largo plazo, puede parecer que los recursos destinados a propiciar el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores a ambos lados del Atlántico es tiempo y dinero perdidos en turismo cultural. La realidad es la contraria, lo cual no empece para que se extreme el rigor en la concesión de ayudas que se cubren con cargo al contribuyente, que se haga un seguimiento exhaustivo de las mismas y que se racionalice su administración tanto como sea posible. Pero en ningún caso debemos dejar que al tirar el agua sucia se nos vaya el niño, y con él, una actividad de nuestras instituciones docentes que interesa a toda la sociedad.