El Supremo archiva el 'caso Tomey' porque no aprecia delito de falsedad

El Tribunal Supremo acordó ayer el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas contra Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la Diputación de Guadalajara, por un presunto delito de falsedad en documento oficial al incluir en los presupuestos del citado organismo 3.500 millones de pesetas de deudas presuntamente ficticias. El magistrado Adolfo Prego Oliver dictó un auto en el que señala "que no se ha cometido delito alguno de falsedad y que no hay responsabilidad penal del denunciado".

Tomey fue recibido ayer con aplausos por sus compañeros del Grupo Popular en el Senado. El presidente de la Diputación no ocultó su satisfacción, pero recordó a este periódico su calvario judicial. "Siempre actué en la legalidad pero han sido dos años de sufrimiento, humillación y maltrato. Al final, ha resplandecido la verdad y me alegro más por los que me rodean, familiares y funcionarios, que por mí mismo. Espero que Guadalajara salga, ahora, del llamado mapa de la corrupción", dijo.El presidente de la Diputación de Guadalajara, en el cargo desde hace 17 años, añadió que no concurrirá a las próximas elecciones por decisión personal, pero reconoció que su imputación en este caso le "ayudó" a que su "decisión fuera irrevocable".

Dirigentes del PP señalaron que el archivo del caso es una muestra de que "las denuncias del PSOE son falsas e interesadas".

La decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estaba cantada desde el pasado jueves. Entonces, la fiscalía emitió un informe en el que señalaba que el único responsable de las cuentas de la Diputación era el interventor, ya fallecido, y no Francisco Tomey, al que eximía de haber participado en el maquillaje de los presupuestos.

En total contradicción con el decreto de acusación de la Fiscalía de Guadalajara, la fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcárcel, aseguraba que las deudas son discutibles pero no ficticias, y pedía el archivo del caso. El pasado sábado, el PSOE, que denunció los hechos objeto de la denuncia, intentó sin éxito personarse en el causa para evitar que fuera archivada.

El auto del magistrado Adolfo Prego señala que los hechos no son constitutivos de infracción penal y se apoya en el informe del fiscal. "Corresponde exclusivamente al interventor la elaboración de la liquidación, sin que se haya acreditado que aquél recibiera órdenes o sugerencias por parte del señor Tomey en orden a los conceptos ni cantidades que se deberían hacer figurar en los repetidos presupuestos ni liquidaciones de los mismos".

José Villalgordo, interventor e imputado junto a Tomey por los mismo hechos, falleció sin que el Supremo pudiera interrogarlo. Los técnicos que trabajaron a sus órdenes desfilaron ante el Supremo y aseguraron que Tomey no les ordenó incluir las deudas ficticias.

Prego añade en su auto que "es razonable y defendible que en los presupuestos se consignaran cantidades que se recogían como participación en los tributos del Estado y que tampoco se ha acreditado que las cantidades consignadas como debidas por otros conceptos no obedecieran a expectativas reales".

El auto asegura que "la liquidación del presupuesto no es sino un fiel reflejo de la contabilidad de la Diputación, por lo que necesariamente tales cantidades pendientes de cobro tenían que consignarse".

El instructor apoya su tesis en el informe pericial de José Hernani, director general de Haciendas Locales, que además de testificar actuó en calidad de perito. Jesús Alique, diputado socialista que presentó la denuncia contra Francisco Tomey, critica esta prueba pericial "porque la ha hecho un alto cargo de Aznar".

Un informe provisional del Tribunal de Cuentas, que no se ha remitido al Supremo, confirma la existencia de deuda ficticia, la eleva a 4.604 millones y concluye que las cuentas de la Diputación "no reflejan la realidad contable".