Las radios piden amparo al Gobierno por los cierres de la Cope en Cataluña

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) va a solicitar amparo al Gobierno por la no renovación por parte de la Generalitat de tres emisoras de la Cope. La AERC considera que se trata de una "manifiesta violación de derechos fundamentales". Asimismo, el defensor del pueblo, Fernando Álvarez Miranda, ha pedido por escrito al presidente catalán, Jordi Pujol, información detallada del caso.

La Comisión Permanente de la AERC, que preside Augusto Delkader, consejero delegado de la Cadena Ser, anunció tras su reunión de ayer que va a dirigirse al Gobierno solicitando su amparo por la decisión de la Generalitat de no renovar la licencia a tres emisoras de la Cope. De esta medida se desprende que la intención de este colectivo es que el Gobierno presente un recurso ante el Tribunal Constitucional. En ese caso, de forma inmediata y como medida cautelar, quedaría suspendida la decisión de la Generalitat y las tres emisoras de la Cope clausuradas podrían seguir funcionando, al menos temporalmente.La AERC considera que se trata de una "manifiesta violación de derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y que el Gobierno tiene el deber de salvaguardar". Al mismo tiempo, la AERC, entidad que agrupa a las radios privadas, se presentará como coadyuvante en el recurso contencioso administrativo que presente la cadena Cope.

Tras analizar durante su reunión la decisión de la Generalitat, la Comisión Permanente de la AERC rechazó "tajantemente" la misma, al considerarla "un flagrante atentado contra la libertad de expresión". Para la AERC también supone "un acto de agresión a la estabilidad de un sector, que precisamente nació en Cataluña hace 75 años, y que necesita de un marco estable, por muy discrepantes que sean las líneas editoriales o programáticas de los medios con los poderes públicos".

La AERC anunció que "las emisoras españolas van a estudiar la realización de un espacio radiofónico conjunto en los próximos días para defender los valores sobre la libertad de expresión dañados por esta decisión, espacio conjunto al que se invitará a participar a las emisoras públicas".

La Comisión Permanente ha decidido facultar a Delkader y al secretario general de la AERC, Alfonso Ruiz de Assín, para realizar cuantas gestiones sean necesarias ante el Gobierno y ante la Generalitat de Cataluña con el objetivo de restablecer la situación anterior a la decisión adoptada.

A su vez, la citada Asociación se dirigirá a los Grupos Parlamentarios y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas para que en sus respectivos ámbitos de competencia realicen las modificaciones legislativas que sean necesarias para que en el futuro no puedan ocurrir "hechos tan lamentables".

Información exhaustiva

Por otra parte, el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha enviado un escrito al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el que solicita información detallada sobre el concurso para la concesión y renovación de las licencias radiofónicas. En un escrito difundido ayer por la Cope, Álvarez de Miranda argumenta que ante la polémica suscitada en la que se ha mencionado la posible vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, y con carácter previo a formular cualquier pronunciamiento, "debe recabar de la Administración Pública competente información precisa y exhaustiva sobre la cuestión". Álvarez de Miranda explica que a ello le "autoriza expresamente el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 3/1981, que faculta al Defensor del Pueblo para iniciar de oficio cualquier investigación para esclarecer los actos y resoluciones de la administración pública que puedan afectar a los derechos proclamados en el Título I de la Constitución".En base a lo anterior, se agrega en el escrito, "y sin que la presente intervención implique posicionamiento previo alguno respecto a la decisión adoptada" por el Gobierno de la Generalitat, "le agradeceré dicte las instrucciones oportunas para que sea remitida a esta Institución información detallada sobre el desarrollo del concurso y el resultado final del mismo".

El Defensor del Pueblo solicita al Gobierno que preside Jordi Pujol que indique los criterios tomados en consideración para la asignación de la puntuación a los participantes y la concretamente otorgada a cada uno de ellos". Asimismo, el Defensor del Pueblo solicita información sobre si la Generalitat tiene constancia de que la resolución final del concurso, cuyas adjudicaciones se hicieron públicas la pasada semana, hubiera sido impugnada por alguno o algunos de los participantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa.