Un gesto oportuno

MÁS DE trescientas personas que abandonaron España por su supuesta relación con la banda terrorista ETA podrán volver y normalizar su situación legal. La decisión, anunciada el viernes, atañe principalmente a simpatizantes sin delitos de sangre, individuos con delitos prescritos o causas sobreseídas y nombres que aparecieron en redadas o investigaciones policiales sin que fueran inculpados. El Gobierno ha puesto en marcha teléfonos de información y ha comunicado el caso a las embajadas para que faciliten los trámites de regularización de quienes lo requieran. La sociedad española sólo pide a cambio que, en palabras del portavoz Josep Piqué, "acepten el libre juego democrático". Es un requisito mínimo y razonable; inevitable, en todo caso.En un momento en que arreciaban las denuncias, algunas en voz muy alta, procedentes del entorno del llamado Pacto de Lizarra, por la parálisis de decisiones del Gobierno en el proceso de paz en el País Vasco, la normalización legal y ciudadana de esas trescientas personas es un paso significativo; quizá sea menos espectacular que otros que probablemente volverán a reclamarse, pero es un gesto relevante si se tiene en cuenta que estamos en un proceso milimetrado, en el que todos los avances deben confirmar la firmeza del suelo político que se pisa. Todas las decisiones que contribuyan a consolidar la tregua de ETA y convertirla en una paz permanente deben ser bien recibidos.

La sociedad española entiende que la iniciativa del viernes es compatible con otros gestos de aproximación política que el Gobierno esté dispuesto a hacer. Lo es, por ejemplo, con una mayor flexibilización penitenciaria; y el propio portavoz Piqué la puso en relación con la proposición de ley de víctimas del terrorismo. Son medidas que intentan facilitar el tránsito hacia la paz permanente y consolidar la normalidad social en el País Vasco. Pero éste no es el momento de especular con lo que puede o no puede hacerse, sino el de conducir prudentemente un proceso de paz en el que se asegure al máximo que no habrá un retroceso hacia el asesinato, y al mismo tiempo, que simplemente por el hecho de que ahora exista una negociación política no se van a conceder ventajas jurídico-penitenciarias para quienes hicieron del asesinato una opción política única.