La Fiscalía española y la defensa de Pinochet coinciden en los argumentos jurídicos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la defensa del general Pinochet coinciden en los argumentos jurídicos. El fiscal Ignacio Peláez pide, en un recurso presentado ayer contra el auto del juez Baltasar Garzón del 30 de abril, que se plantee un nuevo proceso de extradición contra el dictador chileno, a la vez que afirma que la ampliación de casos pedida por Garzón no se ajusta a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Idéntico argumento aporta la defensa de Pinochet en el recurso que presentará en Londres.

El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez estima que Garzón ha tramitado mal la extradición y que ha tratado de camuflar como complementos informativos, lo que son ampliaciones de extradición, que requieren la repetición estricta de todo el proceso. Ello llevaría a un nuevo pronunciamiento del Consejo de Ministros sobre lo procedente o no de la extradición de Pinochet por delito de torturas.Y es ahí donde tanto la Fiscalía española como la defensa de Pinochet utilizan la inexistencia de españoles en los casos de tortura a partir del 8 de diciembre de 1988. "España", dice el fiscal, "no tiene competencia para reclamar la extradición de personas inculpadas por delito de tortura cometido fuera de España y contra ciudadanos no españoles". Con ello se pretende impedir, por parte de la Fiscalía, que el Consejo de Ministros español autorice una nueva petición de extradición. Estos argumentos han sido utilizados ya en tres recursos presentados por la Fiscalía, de los cuales sólo a uno de ellos, contra la ampliación de una querella contra Pinochet, se ha dado curso hasta el momento. Otro ha sido rechazado de plano y el tercero está pendiente de resolución.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la estrategia de la Fiscalía ha cambiado y apuntan a cierta coordinación con la defensa de Pinochet.

Los abogados del general tienen previsto presentar hoy en el Alto Tribunal de Justicia una solicitud de permiso (application) para impugnar la resolución del ministro Jack Straw en la que realizan una exposición motivada sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.

Fuentes de la defensa de Pinochet señalan que Straw ha dado por hecho algunos aspectos, como la jurisdicción de España sobre los delitos de tortura, que no se corresponderían, según afirma, con el tratado. También pide que se paralice el procedimiento de extradición hasta que se resuelva el recurso.

La defensa invoca el artículo 5 de la Convención, en el que se señalan los tres casos en los que se prevé la jurisdicción de los Estados contratantes sobre los delitos de tortura: cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción; cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; y cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Nuevo escenario

La defensa de Pinochet intenta aprovechar el nuevo escenario que surge de la decisión de los jueces lores del pasado 24 de marzo, quienes cancelaron la inmunidad de Pinochet sólo para los delitos de tortura y conspiración para tortura a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que Londres ratificó la Convención y, por tanto, ambos se convirtieron en "delitos de extradición".Ahora bien, la solicitud inicial del juez Garzón se basaba en la existencia de víctimas españolas entre los torturados y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, lo que encajaba en el tercer supuesto del artículo de la Convención. Al reducir el caso, los jueces lores han provocado que, a partir del 8 de diciembre de 1988, ya no haya víctimas españolas. Con todo, sí las hay entre los 1.198 desaparecidos que Garzón, en base a resoluciones de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asimila a casos de tortura.

Los jueces lores, en su última resolución, enfatizaron también sobre el punto 2 del artículo 5 en cuestión. Ese punto señala que "todo Estado parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición". Pero, según la defensa del ex dictador, esto no supone hacer tabla rasa con los tres supuestos citados anteriormente.

La defensa de Pinochet habla también en su solicitud de errores en la petición de extradición española y de la "politización" del proceso. Los servicios de prensa del ex dictador pretenden mostrar que en España el juez Garzón ha estado presuntamente influido por personas que quieren vengarse contra Pinochet.