España recupera un galeón

Ben Benson, el millonario norteamericano reconvertido en buscador de tesoros, no podía ocultar ayer su frustración: tres años de búsqueda de los restos de la fragata Juno han sido inútiles; España, según la reciente decisión de un juez de Virginia, es la legítima propietaria del pecio. "¿Seguirá España con mi aventura?", se preguntaba Benson al tiempo que se declaraba dispuesto a colaborar. El interrogante no ha tenido, de momento, respuesta en la Embajada española en Washington.¿Por qué estaba tan interesado Benson en los restos de un buque de guerra español hundido el 28 de octubre de 1802, un día de tremenda galerna, frente a la isla de Assateague, en el Estado de Virginia? Porque, según cree, aquella fragata, además de más de 400 españoles, transportaba un tesoro de 700.000 pesos de plata, unas 22 toneladas del preciado metal, que hoy valdrían más de 500 millones de dólares (unos 77.000 millones de pesetas). Benson soñaba con convertirse en un segundo Mel Fisher, que en 1985 arrebató a los cayos de Florida el fabuloso tesoro del galeón Nuestra Señora de Atocha.

Pero el juez Calvitt Clarke, del tribunal federal de Norfolk (Virginia), ha tomado una decisión salomónica: el pecio del Juno pertenece a España; el de La Galga, otra fragata española hundida cincuenta años antes, a Virginia. Clarke, un experto en estos asuntos, ya adoptó años atrás decisiones sobre los restos de otros dos buques mucho más conocidos: el Titanic y el Lusitania. Ahora ha sentenciado según un viejo tratado internacional, firmado en el año 1763 por Gran Bretaña, Francia y España, para dar término a sus querellas territoriales en América del Norte. Según el juez, España cedió en ese tratado los derechos sobre todos los buques hundidos en las costas norteamericanas antes de esa fecha, reservándose la propiedad de cualquier pecio a partir de ese momento. El Estado de Virginia, pues, no tiene autoridad para permitir a Sea Hunt, la empresa de Benson, continuar su intento de recuperación de la fragata de treinta cañones Juno, que naufragó frente a la playa de Tom"s Cove, en la isla de Assateague, hoy un parque nacional. Todos los miembros de la tripulación y el pasaje murieron menos uno. Una vieja leyenda local cuenta que un niño de tres años fue descubierto atado a una madera en octubre de 1802. El niño fue bautizado por la comunidad de pescadores isleños como James Alone. Según la reconstrucción de la tragedia del Juno hecha por el millonario norteamericano, la fragata también salió del puerto de Veracruz con un gran cargamento de plata. Benson obtuvo en 1997 licencia del Estado de Virginia para la búsqueda y rescate del pecio. Se llevaría el 25% del tesoro encontrado. Pero España sostiene que no es seguro que haya tesoro. Según Rafael Conde, ministro consejero de la Embajada de España en Washington, el Juno tuvo problemas al salir de Veracruz y fue reparado en Puerto Rico. En esa pausa, el tesoro pudo ser transferido a otro buque. La oposición española a la búsqueda de Benson se debe, según Conde, al deseo de no violar la sepultura marina de más de 400 compatriotas. Benson y Sea Hunt tienen, en cambio, permiso para intentar recuperar los restos de otra fragata de cincuenta cañones, La Galga, que se hundió en las mismas aguas medio siglo antes que el Juno. Nadie piensa que La Galga llevara un tesoro, pero otra tradición local afirma que unos caballos que lograron escapar a su naufragio, en 1750, son los ancestros de los célebres ponis de Assateague.

Como ocurre con toda decisión salomónica, las dos partes han expresado su malestar por no haber conseguido una completa victoria. "Hemos trabajado muy duro para buscar y rescatar el Juno, nos hemos gastado más de un millón de dólares en los últimos tres años y ahora nos lo quitan de las manos para entregárselo a España, que no se ha interesado por este asunto en los últimos dos siglos", alega Benson.

La Embajada en Washington señala su "satisfacción por el hecho de que por primera vez se haya reconocido por vía judicial la propiedad española sobre los restos del Juno, así como la exclusiva capacidad de España para decidir el futuro de los mismos". Pero España se reserva el derecho a recurrir la decisión relativa a La Galga.