La Cámara de Cuentas ve indicio de delito en el impago a la Seguridad Social por parte de Gil

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha enviado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil, entre los ejercicios de 1990 y 1993, al detectar indicio de delito por apropiación indebida en el impago de 1.118 millones de pesetas de principal (sin intereses de demora) a la Seguridad Social (SS). También se ha apreciado el incremento en tres años de la deuda en un 155%, al pasar de 9.800 millones en 1990 a 25.000 en 1993. El consejero mayor de la Cámara de Cuentas andaluza, Rafael Navas, entregó ayer el informe al presidente del Parlamento autonómico, Javier Torres Vela, y anunció que será remitido también al Tribunal de Cuentas.

Navas explicó que el trabajo -recogido en más de un centenar de folios- se ha visto muy limitado por la falta de colaboración del municipio, así como por la lejanía en el tiempo de los ejercicios analizados, y no quiso interpretar el contenido para evitar "polémicas con instituciones". La Cámara de Cuentas ha detectado indicios racionales de un delito de apropiación indebida en el impago de 1.118 millones de pesetas a la Seguridad Social (SS), según reclama este organismo en una comunicación con fecha de noviembre de 1998. A los importes pendientes, contabilizados sólo hasta 1993, habría que agregar los recargos e intereses de demora que se hayan generado hasta ahora. El informe advierte de que el Ayuntamiento es también responsable solidario de las deudas por cuotas de la SS de sus sociedades, aunque se desconoce la cuantía, al no remitir el municipio la información que le fue solicitada. Los gastos de personal han aumentado de manera espectacular: sólo entre 1991 y 1992 creció en un 33%, y se han podido rebasar las limitaciones de la plantilla que se aprueban anualmente. Desde que en 1991 tomó posesión Jesús Gil de la alcaldía de Marbella, recoge el dictamen, se inauguró una nueva política para gestionar los servicios públicos: la constitución de sociedades municipales a las que se le encomienda lo que antes prestaba directamente el Ayuntamiento. En total, Jesús Gil creó en tres años 11 sociedades mercantiles y adquirió participaciones en el capital de otras tres, además de efectuar ampliaciones de algunas. Según el informe, la Cámara de Cuentas ignora si se han cumplido los trámites legales porque el Ayuntamiento tampoco ha facilitado los expedientes pertinentes, pero refleja que el TSJA anuló la adquisición de unas de las sociedades y a 31 de diciembre de 1993 continuaban sin tener reflejo contable 400 millones de pesetas aportados al capital de varias sociedades y la compra de acciones. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado sus presupuestos varios meses después de comenzado el año natural y sus cuantías han pasado de 8.700 millones de pesetas en 1990 a 18.550 en 1992, pasando de superávit a déficit. La corporación de Gil ha mantenido la práctica de canalizar operaciones de naturaleza presupuestaria a través de la rúbrica de valores independientes y auxiliares del presupuesto y de la agrupación de operaciones no presupuestarias, "desvirtuando así el contenido mismo del documento presupuestario", reza el informe. Otro de los aspectos que detecta el dictamen es el aumento significativo de los ingresos del municipio procedentes de los convenios urbanísticos con particulares. Los citados convenios se han firmado en "múltiples ocasiones" antes de que fueran aprobados por el pleno del Ayuntamiento, donde eran habitualmente ratificados. La mayoría de los convenios tienen como finalidad cambiar las características de las fincas propiedad de particulares. Algunos de los derechos de cobro por aprovechamiento urbanístico están condicionados por la futura revisión del PGOU. Préstamos El gobierno de Jesús Gil ha formalizado varios préstamos a largo plazo, incluso con garantía hipotecaria, para financiar operaciones corrientes y no para inversión, como establece la Ley de Haciendas Locales. La Cámara hace hincapié en el escaso nivel de recaudación del Ayuntamiento, que en el caso de las agrupaciones de presupuestos cerrados no llegan al 25%. Estos bajos niveles implican que el volumen de cobro vaya aumentado de ejercicio en ejercicio y, en consecuencia, que también lo haga el riesgo de recaudación. Según el informe, los derechos pendientes de cobro de difícil materialización oscilan entre 1.600 millones en 1990 y 4.300 millones los de 1993. En cuanto a la tesorería, se manifiestan debilidades de control y la Cámara de Cuentas no ha conseguido la documentación bancaria y contable necesaria para comprobar el periodo investigado.