Loyola huye de su propia herencia

Paso por alto la falta de pudor de la hasta ahora ministra de Agricultura al calificar su propia gestión de los últimos tres años. Paso por alto también, aunque ya me cueste más, ese reiterado comportamiento, tan poco frecuente en gobernantes con hábitos democráticos, de estar siempre mirando al pasado, para evitar asumir las responsabilidades de su gestión, o para ocultar la carencia de un proyecto futuro que ofrecer a los ciudadanos.Pero no puedo callar ante algunas de sus afirmaciones, aunque sólo sea para evitar aquello de que quien calla, otorga, y sobre todo para que una mentira repetida muchas veces no termine pareciendo una verdad.

La primera afirmación que realiza es que en su trienio la renta agraria ha aumentado. Nada más lejos de la realidad. Con los datos de Eurostat en la mano, la renta agraria ha disminuido un 2,2% en 1997 y un 6,2 en 1998, un comportamiento peor que la media europea, con la circunstancia agravante de que los años climatológicos han sido normales, por no decir buenos. Las previsiones para este año apuntan a un nuevo descenso. Para maquillar esta realidad acude a apropiarse del resultado del año 96 -el Gobierno del PP entró en mayo de ese año-, en el que el resultado fue muy positivo, y la renta, con un crecimiento del 21,4%, alcanzó su máximo histórico. Pero no hay que ser agricultor o ganadero para saber que la regulación agraria se hace de un año para otro, por lo que 1996, desde el punto de vista agrario, constituye, para su fortuna, parte de la herencia recibida.

El problema no es sólo que, desde que el sector depende de su gestión, incluido 1999 si la naturaleza no lo remedia, la renta no haya dejado de retroceder, lo que contrasta con el hecho de que entre 1986 y 1996, con la gestión de sus desafortunados antecesores, la renta agraria española haya sido la de mayor crecimiento de toda la UE. Lo grave es que las peores consecuencias de los cambios regulatorios aprobados, incluidas la reformas de la Agenda 2000, están por llegar, e implican pérdidas adicionales de renta para los próximos años.

La segunda afirmación de Loyola de Palacio es que ha defendido mejor que sus antecesores la agricultura española en Bruselas. Pues bien, todas las reformas aprobadas implican un retroceso para el sector respecto de la situación heredada. Aprobaron una reforma del sector de frutas y hortalizas con unas condiciones que, apenas unos días, incluso unas horas antes, consideraban inaceptables, y que el tiempo está poniendo en evidencia. Pero la culpa era, una vez más, del Gobierno anterior. Aceptaron una reforma del sector del aceite de oliva que introduce una discriminación, antes inexistente, en perjuicio de nuestros productores, que cobrarán sistemáticamente menos ayuda que sus homólogos italianos y griegos, al otorgar a España cuota para apenas el 70% de su producción, y que suprime el precio de garantía para el único producto mediterráneo que lo tenía. Una reforma que sólo se sostiene porque desde que se aprobó hasta estos últimos días no ha llovido. Han aprobado unas reformas en el acuerdo sobre la Agenda 2000 que, a diferencia de la reforma de 1992, implican una reducción de precios sólo parcialmente compensada mediante ayudas directas, y que va a suponer, por tanto, una pérdida generalizada de rentas para el sector, más acusada para algunos cultivos, como el girasol, y para agricultores de secano en general. El acuerdo admite, además, que las reducciones de precios adicionales a las aprobadas, que no se excluyen a partir de la campaña 2002-2003, o las revisiones a la baja de las ayudas para respetar los límites del gasto agrícola aprobado, puedan significar pérdidas adicionales de renta. La cuestión de fondo es la aceptación del principio de la aproximación de los precios comunitarios a los internacionales con el mismo presupuesto, lo que implica una pérdida de renta, cualquiera que sea el maquillaje que se ponga encima.

Esta pérdida de renta no ha venido acompañada de una redistribución de las ayudas en el ámbito comunitario que, con criterios económicos, sociales y territoriales, permitiera paliar los efectos indeseables de la reforma para muchas explotaciones familiares y muchas zonas con desventajas económicas o naturales, además de contribuir a la recuperación de la legitimidad de la PAC ante los propios agricultores y ante el conjunto de la sociedad. Esta tarea ha quedado para realizarse dentro de cada uno de los Estados miembros, renunciando a la introducción del principio de cohesión en la PAC, que estaba pendiente desde el Tratado de Maastricht.

Con este acuerdo, la PAC debilita su carácter comunitario, abriendo la puerta a tratos discriminatorios crecientes entre agricultores comunitarios, y no gana en estabilidad, no sólo por las revisiones que prevé el propio acuerdo, sino porque el propio comisario, en su reciente visita a España, acaba de consagrar su provisionalidad al aceptar que los acuerdos en la OMC pueden obligar a su revisión a partir del 2003. Esto da una idea, por otro lado, de la firmeza y la confianza con que la Comisión afronta esas negociaciones.

Hay que reconocer, sin embargo, a Loyola de Palacio dos "habilidades" políticas notables. Por un lado, pintar un escenario de partida muy negativo, que permite que una media derrota, un retroceso, parezca una victoria. Es la misma estrategia seguida por el Gobierno en la negociación sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, y la que ahora se esboza respecto de la renovación del acuerdo de pesca con Marruecos, que expira en noviembre. Se ha asumido de partida, sorprendentemente, la escasamente novedosa, y por lo demás respetable y legítima, posición del Gobierno marroquí contraria a su renovación. A partir de cero, el mínimo resultado parecerá un triunfo, a costa, eso sí, del sector pesquero que faena en esas aguas y no tiene alternativa.

La otra "habilidad" consiste en desentenderse del debate sobre el modelo general de la PAC, como si eso fuera tarea de los demás países -no ha habido ni una sola propuesta española a este respecto- para concentrarse exclusivamente en reivindicaciones puntuales, fáciles de trasladar a la opinión pública, expresión de esa concepción "euronacionalista" de la construcción europea como suma de planteamientos nacionales, y fácilmente alcanzables como compensación a cambio de aceptar un acuerdo globalmente negativo para el sector. Son la coartada política para hacer más digerible el acuerdo. Todos los países han negociado las suyas. Yo me alegro de esas compensaciones en rendimientos herbáceos, primas de vacuno y cuota láctea, aunque en este último caso sea inferior a la conseguida en la reforma del 92 y se trata de una cuota de segunda categoría, "descremada", condenada a recibir un precio por la leche cada vez más bajo, sin devengar derecho a recibir ayuda compensatoria. No es razonable, ni eficaz en la defensa de los intereses nacionales, inhibirse en la discusión del modelo general y sus efectos para concentrarse sólo en las coartadas políticas del acuerdo.

Es de destacar, y además muy preocupante, la total ausencia en este periodo de iniciativas de política agraria nacional en materia de modernización estructural o de regadíos, cuyo plan lleva tres años paralizado.

En resumen, Loyola de Palacio deja el Ministerio de Agricultura con una renta agraria en caída libre y una PAC menos comunitaria, financieramente infradotada, que va a suponer pérdidas generalizadas de renta para los agricultores, sin ganar en estabilidad ni en solidaridad, cuando todavía no han aflorado todas las consecuencias de su gestión. Tiene la fortuna de poder huir de su propia herencia. Los agricultores no tienen esa suerte.