Narcotráfico o descontrol

El caso Fuengirola tiene casi todos los ingredientes del turbio mundo de la droga y las fronteras en que se mueve la policía para desenmascararlo: dos bandas de narcos, dos grupos policiales de estupefacientes, dos jueces que dirigen las investigaciones desde Fuengirola y Torremolinos, teléfonos móviles interceptados y un confidente. Todo ello en el mismo servicio. Todo empezó en noviembre de 1997, cuando Juan G., inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Fuengirola, y su jefe operativo, Pedro P., un policía con un amplio historial, empezaron a seguir los pasos a dos presuntos delincuentes. En junio, avisaron al juez de la llegada de un cargamento de droga al aeropuerto. El magistrado permite que se deje llegar la droga a su destino. La operación se aplaza un mes. En Málaga, otros policías persiguen a un colombiano que contacta a menudo con un viejo confidente de Pedro P. Este nombre sale a relucir cuando se menciona que alguien recogerá unas llaves para conducir un coche alquilado con documentación falsa. El 10 de julio los policías de Málaga sorprenden a sus dos compañeros saliendo de un coche camuflado para dejar droga en el alquilado. Cada uno se marcha en un vehículo hasta que son detenidos y esposados. Una reunión en la Comisaría de Fuengirola con el comisario local, Fernando Martínez y el jefe provincial de la UDYCO, Miguel González, sirve para que se imponga la tesis de los agentes arrestados. Alegan que como su confidente no puede trasladar la droga, ellos suplirán al correo. Defienden que hay un documento judicial de junio que autoriza la entrega vigilada. La coca acaba otra vez en el coche previsto y delante de un supermercado de Mijas. Los policías de Málaga, que en principio se prestan a participar en el servicio, acaban retirándose porque no les gusta lo que ven. En una nueva reunión, en la que participa el comisario provincial, se sigue dando por bueno lo ocurrido y se oculta el incidente al juez. Pero un supuesto traficante da la pista al magistrado de Fuengirola: tres meses después de la operación, el juez descubre que los 10 kilos de coca que aparecieron en poder de la red desarticulada en julio fueron colocados por los agentes que investigaban la trama. Entonces procesa al comisario de Policía de la localidad, porque sabía, dice, que las detenciones eran ilegales, y a los dos inspectores les acusa de haber montado una trama con su confidente y dos más para dedicarse al tráfico de drogas y que, tras ser descubiertos, le pasaron la mercancía a los otros narcos investigados. "Un narco con buenos contactos" supo que policías de Málaga habían detenido a dos compañeros de Fuengirola con los 10 kilos de cocaína, que terminaron en manos de la organización a la que él pertenecía y -según fuentes policiales- comunicó al magistrado lo irregular del procedimiento. La presunta banda fue capturada por la UDYCO de la localidad malagueña durante julio de 1998. El inspector del caso dejó sin efecto las últimas medidas cautelares contra los 10 detenidos el 20 de octubre. Cinco de ellos llevaban tres meses en prisión y entre estos figuraba un conocido abogado. El juez afirma en su auto que eran ciertas "las sospechas e indicios de su participación en un delito contra la salud pública", pero su procesamiento no hubiera sido posible sin la droga y ésta les llegó mediante "la comisión de un delito". El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Fuengirola, José Ángel Castillo, pensaba en la última quincena de octubre citar como imputados a tres comisarios y otros tres mandos de Málaga y Fuengirola, incluido el máximo responsable provincial Víctor Olmos. Pero sus indagaciones concluyeron el pasado 28 de abril con los citados tres procesamientos. Tanto el abogado del Estado como los letrados de los policías encausados han anunciado que presentarán recursos de reforma. En las declaraciones judiciales que prestaron los responsables de la Policía figuran términos como "anormal", "raro" o incluso "barbaridad" al responder si era lógico que dos policías portaran droga y la condujeran en un vehículo alquilado con documentación falsa con el teórico fin de ponerla al alcance de unos traficantes a los que querían detener. Nadie, sin embargo, comunicó la incidencia y dieron por buena la versión de que lo ocurrido era una simple descoordinación entre dos grupos policiales que perseguían el mismo objetivo.