La Audiencia impide que sigan los aterramientos en el humedal de Xeresa por su "irreparable" impacto

La Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Xeresa contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia, que ha paralizado cautelarmente los aterramientos que se sucedían en el marjal de esa localidad de La Safor por el daño irreversible que causan sobre el ecosistema. La decisión del tribunal, que ratifica la del juez y se alinea con las tesis del fiscal adscrito al caso, Carlos Almela, no deja lugar a dudas sobre la irreversibilidad de las actuaciones amparadas por el consistorio en el humedal, incluido en el catálogo internacional -Ramsar- que protege este tipo de parajes. Por una parte, la sección quinta de la Audiencia apunta, en su resolución, que la "abundante documental gráfica" que obra en poder del juzgado "revela que los terrenos sujetos a la medida cautelar (...) son, de hecho, una zona húmeda; y como detalladamente explica la resolución impugnada, la actuación de la Administración reitera ese carácter". Por otro lado, en anuencia con la postura del Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA), una organización ecologista vinculada a Esquerra Unida, los magistrados confirman el impacto que los aterramientos tienen sobre parte del marjal de la Safor. "Es creíble que la medida moleste al imputado , al Ayuntamiento y a algunos de sus vecinos, pero queda fuera de toda duda lo irreparable del daño, en su caso, de permitir acciones que pudieran afectar a la conservación de dicha zona". Con la decisión de la Audiencia las medidas de protección ordenadas por el juzgado -y recurridas por la autoridad municipal el pasado diciembre - sólo podrían ser levantadas a instancias de éste. Mientras, el juzgado y Almela, responsable de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, continuarán la investigación iniciada en julio de 1998. Entonces, el fiscal denunció a Fluixà por un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación. Según el Ministerio Público, el primel edil toleró o alentó desde su cargo, mediante la concesión de cerca de un centenar de licencias, la destrucción del marjal, que ha sido utilizado como vertedero de todo tipo de residuos. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ya denunció en abril de 1998 el supuesto atentado medioambiental.