Cascos dice que espera sugerencias a la ley de ayudas a las víctimas

El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, rebatió ayer los argumentos del PSOE y de Izquierda Unida (IU), que acusaron al Ejecutivo de incumplir su promesa de tramitar inmediatamente la ley de indemnización a víctimas del terrorismo. Cascos consideró "excesivas" las críticas de los socialistas. Aseguró que desde que se presentó la proposición de ley, el pasado 9 de abril, "no ha recibido [de la oposición] ni una sola sugerencia, aclaración o modificación". Y señaló que se pondrá a disposición de los grupos parlamentarios para que la ley sea aprobada en el actual periodo de sesiones del Congreso.

El vicepresidente admitió que falta por determinar los baremos para fijar las indemnizaciones a las que tienen derecho las víctimas cuyos casos no han sido objeto de sentencia. Pero agregó que el resto del articulado está ya completo y que esta ley ha recabado el "máximo consenso" de las fuerzas políticas.

Luis de Grandes, portavoz del PP en la Cámara baja, también rechazó que el Gobierno esté retrasando la aprobación de la ley. Y enfatizó que el Ejecutivo presentó la iniciativa como una proposición de ley y no como un proyecto de ley para otorgar mayor protagonismo a los partidos políticos. "La pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios", dijo De Grandes, quien admitió que existen discrepancias sobre el contenido de la ley.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep López de Lerma, apoyó totalmente a Cascos. "Su actuación ha sido absolutamente impecable", afirmó. Y añadió: "No se puede jugar con fuego y menos con las legítimas aspiraciones de las víctimas". CiU considera que las indemnizaciones son un asunto de Estado que debe quedar al margen de la lucha partidista.

El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró a este periódico que el PSOE seguirá colaborando con la "máxima lealtad y abiertos al diálogo", pero insistió también en que el Gobierno debe aclarar la cuestión clave de la normativa: los baremos para fijar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo.