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El PP y sus socios aplazan a junio el debate del estado de la nación para evitar "que sea un mitin"

Javier Casqueiro

El Gobierno del PP y sus socios nacionalistas, CiU, PNV y Coalición Canaria, acordaron ayer que el debate sobre el estado de la nación se celebre en la última semana de junio, en contra de los deseos del PSOE, IU y el Grupo Mixto. El Ejecutivo y sus aliados parlamentarios justificaron esa fecha, que se retrasa en algo más de un mes con respecto a esa sesión del año pasado, en que las inminentes elecciones municipales, autonómicas y europeas contaminarían de posiciones partidistas una discusión que debería ser "serena y reflexiva" y no "un mitin". CiU, que en principio reclamaba con la oposición su celebración inmediata, acabó votando la propuesta del Gobierno con el argumento de que la fecha constituye "una anécdota".

El PP argumentó, además, que ese peligro de transformar ahora el debate en un "mitin" era aún mayor porque se emite en directo por televisión y la oposición acusó al Ejecutivo de ocultarse del control del Parlamento. La demora del tercer debate de política general bajo el mandato del PP dividió a los partidos en dos bandos. El Gobierno sostiene que ha tomado su posición tras consultar con los demás grupos, pero sólo lo hizo con sus socios, que acabaron dándole la razón.

Antes de que los portavoces del PP y del Gobierno justificasen esta actitud les allanó mucho el camino la intervención del representante de CiU, Josep López de Lerma. Al entrar en la junta de portavoces éste había advertido de que su grupo prefería el debate antes de los comicios, hacia el 12 y 13 de mayo, como el año pasado.

Minutos después, el secretario de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, se mostraba convencido de que CiU apoyaría al Ejecutivo. Había hablado el lunes con el consejero de Presidencia de la Generalitat, Xavier Trías, quien en nombre del presidente Jordi Pujol, se mostró partidario de posponer el debate.

Luego, tras la junta, fue el propio López de Lerma quien recordó que la potestad de impulsar el "debate del estado del Estado" corresponde únicamente al Gobierno. Y fue el que primero apostó por apartar esa contienda parlamentaria "del contexto electoral". Para CiU, en fin, la fecha es algo "anecdótico" porque lo importante es que se acabe celebrando.

Secuestro de la democracia

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La portavoz de IU, Rosa Aguilar, no lo acepta de la misma manera y reprochó a Aznar ese retraso para que nadie vea su "bajada de pantalones" y como se "arrodilla" ante sus socios nacionalistas, sobre los que presumió que no votarían en el debate lo mismo si se convoca antes o después de las elecciones. Aguilar entiende que el PP prefiere, en consecuencia, que se produzca después precisamente para soslayar sorpresas en las votaciones. El coordinador federal de la coalición izquierdista, Julio Anguita, acusó en Cádiz al Gobierno de "estar secuestrando la democracia con su silencio", informa . "Me preocupa el silencio de tantos en este circo del que no participa IU que apuesta por defender la dignidad y la inteligencia", concluyó.

El responsable del PP en el Congreso, Luis de Grandes, se sumó a las tesis expresadas por sus socios nacionalistas para subrayar que la decisión final de posponerlo después de los comicios era "compartida" y lógica si lo que se pretende es "una reflexión o un balance sereno sobre la marcha del país". De Grandes sostuvo que en periodos electorales los partidos remarcan mucho más, legítimamente, sus señas de identidad y que esas disputas perjudicarían el desarrollo normal del debate.

Michavila enarboló de nuevo las 17 comparecencias de Aznar en esta legislatura frente al máximo de 11 que llegó a realizar Felipe González, para subrayar que éste era el "Gobierno más parlamentario de la democracia". Michavila volvió a insistir en que los debates sobre el estado de la nación se han producido en todos los meses, menos julio y agosto, pero nunca en periodo electoral.

Todas estas razones no convencieron en absoluto al PSOE. Los socialistas están más que escamados con las constantes ausencias parlamentarias de Aznar ante los grandes asuntos de Estado. Cuando comprobaron las pocas ganas del Gobierno y del PP de cerrar la fecha del debate sobre el estado de la nación antes de las elecciones intentaron provocarlo por otra vía parlamentaria pidiendo otro pleno extraordinario con el mismo objetivo. Esa alternativa tampoco fraguó. Ayer el PP y CiU la tildaron de "sucedáneo" y "remedo".

El portavoz y la secretaria del grupo socialista, Luis Martínez Noval y María Teresa Fernández de la Vega, no comparten los argumentos del Gobierno y sus socios y sostienen que el mismo peligro de convertirse en mítines corren en estos momentos otras muchas discusiones, desde la aplicación del censo electoral a la financiación de las comunidades autónomas o el mercado del agua.

Su candidato a la Presidencia, José Borrell, atribuye el aplazamiento del debate a intereses electoralistas y al desprecio de Aznar por el Parlamento y explicó que su petición de que se celebre inmediatamente no responde a motivos "protocolarios" sino a la situación de guerra con Yugoslavia, al "deterioro de los servicios públicos" y a los problemas de construcción del Estado autonómico.

Además, los socialistas sostienen que la estrategia del Gobierno consiste en realizar el balance propagandístico de su gestión ministerio por ministerio y fuera del Congreso, como han comenzado a hacer algunos ministros (ayer mismo Loyola de Palacio, de Agricultura, y Josep Piqué, de Industria) en su tercer año de mandato

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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