Condonadas las deudas de la sequía

Durante la última sequía (1991-1995), el Gobierno socialista se vio obligado a posponer el cobro de las tarifas y cánones que pagan los consumidores de agua para compensar al Estado por el mantenimiento y construcción de embalses y tuberías.

En muchas zonas agrícolas de la mitad sur de España no sólo no pudieron regar, sino que, en ocasiones, también faltó para beber. El proyecto que reforma la Ley de Aguas contiene una disposición que condona todas las deudas de tarifas y cánones correspondientes a 1995 y años anteriores que habían sido diferidos mediante los llamados "decretos de sequía" (22 de mayo de 1992, 21 de mayo de 1993, 4 de enero y 27 de mayo de 1994 y 15 de enero de 1995).

Los contribuyentes que hayan liquidado esos pagos tendrán derecho a que se les devuelvan las cantidades ingresadas.

La mencionada disposición precisa que las explotaciones agrarias acogidas a estas condonaciones "serán las incluidas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía y en las que se hayan producido reducciones de más del 50% en las dotaciones de agua habitualmente disponibles para los regadíos".

La condonación de esta deuda ha sido insistentemente reclamada por las comunidades de regantes. Según un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, el dinero que el Estado dejará de ingresar a causa de la sequía asciende a 19.960 millones de pesetas, lo que supone un coste de 5.000 millones por cada año de sequía.