Varios propietarios se niegan a vender las tierras afectadas

La mina de Boliden, en Aznalcóllar, y el límite norte del Parque Nacional de Doñana, fueron el principio y el fin de la marea contaminante que anegó el valle del Guadiamar el 25 de abril de 1998. En medio, los propietarios de las 200 fincas afectadas fueron entonces testigos boquiabiertos del lento avance de la riada tóxica. Ha pasado un año, pero muchos agricultores siguen perplejos. La Junta de Andalucía está dispuesta a expropiar aquellas tierras que no ha podido comprar para reconvertir el desastre en un corredor forestal.

"¡Qué catástrofe ecológica ni que... !". Carmen Moraira se muerde la lengua. Para ella, que posee junto a su marido, José Antonio Álvarez, La Ribera, una propiedad de 24 hectáreas, el vertido tóxico ha sido un desastre personal: una capa de lodo cubrió los melocotoneros que poblaban la mitad de sus tierras y los operarios de la Junta de Andalucía tuvieron que arrancarlos unos meses después. La perplejidad deja paso a la indignación cuando Moraira, que preside una asociación de unos 50 agricultores afectados, analiza algunos pasajes de la breve pero densa historia que ha generado la rotura de la balsa minera de Boliden. "El que contamina, cobra y nosotros mirando", dice en referencia al requerimiento de la multinacional a las Administraciones para cobrar las subvenciones comprometidas, unos 3.200 millones de pesetas. Y es que la representante de la asociación de afectados piensa que "desde el principio hubo una predisposición a mantener el puesto de trabajo de los 500 mineros, pero no ha habido una sola voz que defienda a los agricultores".

El futuro de los empleados de la mina de Boliden parece, desde la reapertura hace dos semanas, más despejado, pero la situación de varios propietarios dista de estar resuelta. Apenas un mes después de la rotura de la balsa minera, el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, lanzó una propuesta para transformar "el negro en verde" y borrar de un plumazo la identificación entre la contaminación y los productos agrarios de la comarca.

El Gobierno autonómico destinó 5.000 millones a la creación de un corredor forestal que unirá Sierra Morena con Doñana y que abarcaría, una vez recuperadas, las tierras inundadas por el vertido tóxico. Para ello, claro, necesitaba la titularidad de las fincas agrarias. La Consejería de Agricultura inició un proceso de compra que acaba de concluir: la Junta se gastará 3.576 millones en adquirir 1.430 hectáreas de 90 propietarios. El resto de los agricultores, que poseen unas 1.000 hectáreas, no han llegado a un acuerdo con la Consejería. Pero la Administración autonómica no ceja en su empeño y en mayo aprobará un decreto para iniciar la expropiación.

"Pues claro que nos resistimos a la expropiación, llevamos más de 50 años aquí", explica Miguel Marañón que junto a sus nueve hermanos posee la finca La Soberbina, la primera explotación agraria que recibió la avalancha de lodo hace un año. "Eso fue un destrozo horrible, se nos cayó el alma a los pies", recuerda. La balsa que reventó linda con La Soberbina y la capa de lodo tóxico alcanzó en esta zona su máxima altura, más de dos metros. La riada afectó a 319 hectáreas (dedicadas a pastos y al cultivo de girasol y trigo), de las 1.400 que ocupa la finca. El corredor forestal partiría La Soberbina por la mitad.

"Sólo queremos quedarnos como estábamos", reivindica Moreira quien cree que con los precios que pagaba la Consejería de Agricultura no podrían adquirir fincas similares a las del valle del Guadiamar. La representante de la asociación de afectados matiza que están dispuestos a admitir una "expropiación de uso" para que los técnicos terminen la limpieza de la zona. Los científicos han señalado que más de la mitad de las tierras están aún contaminadas por cinc y arsénico pero que, si se aplican técnicas de remediación con plantas acumuladoras de metales pesados, estarán limpias en unos años.

"Las tierras podrían ser utilizadas de nuevo para la agricultura", sostiene Moraira, quien subraya que, junto a las fincas, la Junta puede estar adquiriendo también los derechos de los agricultores a las indemnizaciones que fijen los tribunales por el desastre. "El corredor es un proyecto de interés público general porque preserva una zona de tránsito para la fauna, permitirá disminuir la erosión y llevará la tranquilidad a los mercados al impedir que salgan más productos agrarios de la zona". El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Luis Blanco, en su última visita al valle del Guadiamar explicó los motivos que sustentarán el decreto de expropiación urgente.

Para Moraira, las razones medioambientales y comerciales invocadas por Blanco no son suficientes para iniciar este procedimiento excepcional. Y los abogados de Asaja, la organización agraria que representa a la mayoría de los afectados, ya estudian la inconstitucionalidad de una norma que aún no se ha elaborado. La breve pero densa historia del vertido tóxico, lejos de terminar, abre nuevos capítulos.