Tiempo perdido

LAS MEDIDAS de choque anunciadas por el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, para resolver el caos aéreo se han revelado irrisorias. Para empezar, la situación insoportable de la pasada semana ha mejorado hasta ser sólo penosa -del 92% de retrasos en Barajas se ha pasado al 50%- sin que haya podido entrar en vigor ninguna de tales medidas: reducción de vuelos de Iberia a partir de junio y contratación de nuevos controladores. O el ministro ha ocultado las verdaderas causas o simplemente las ignora y el azar le ha favorecido. En cualquier caso, ¿puede este país, cuya economía depende en buena medida del turismo, permitirse el lujo de reducir su oferta de vuelos? ¿Se imaginan que el ministro de carreteras -que, desgraciadamente, es el propio Arias-Salgado- decidiera combatir los atascos de tráfico prohibiendo la circulación de algunos coches? Las cámaras de comercio y la propia secretaria de Estado de Comercio y Turismo, Elena Pisonero, han pedido nuevas medidas para evitar un desastre económico y turístico, derivado de la jibarización de Barajas. El propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha evitado a Aznar el trance de la reprobación parlamentaria de su ministro, ha sugerido que si el problema no se resuelve, Arias-Salgado "tomará la decisión de dimitir".

Las medidas para racionalizar el tráfico aéreo no sólo son insuficientes, sino que además han abierto nuevos frentes de conflicto económico, empresarial y político. La renuncia temporal de Iberia a los derechos de 77 vuelos diarios a partir de junio ha abierto una guerra comercial con otras compañías. El ministro se las ha arreglado, además, para poner en pie de guerra a las comunidades autónomas, que tratan de que el recorte no afecte a sus respectivos aeropuertos. Hay, pues, razones para temer que los tímidos recortes de vuelos ofrecidos por Arias-Salgado como ungüento mágico para arreglar Barajas sólo tenían como objetivo ofrendar un gesto político a unos usuarios crecientemente indignados y puestos al borde del motín por la incompetencia de la Administración.

Ojalá que las mejoras de puntualidad registradas este fin de semana no sean sólo un espejismo. Para que así sea resulta obligado que se atienda la propuesta de las organizaciones de consumidores para que las líneas aéreas indemnicen a los usuarios por los retrasos. Aparte de ser una medida justa, contiene suficiente valor disuasorio para corregir la desidia de la Administración y de las líneas aéreas. Ya es hora de que se legisle en beneficio de los consumidores.