Los juzgados de Sevilla pueden conocer los datos patrimoniales de los imputados

Se acabaron los tiempos en los que uno se declaraba insolvente y se iba de rositas gracias a la lenta maraña en la que se convierte, en muchos casos, la administración de Justicia. Desde los juzgados de Sevilla se pueden comprobar ahora los datos fiscales, la posesión de vehículos y propiedades inmobiliarias de los imputados en cada caso gracias una terminal informática conectada a diversas instituciones. De este servicio en Sevilla se benefician al menos 400 órganos jurisdiccionales en toda Andalucía.

Hasta hace poco menos de un año, cuando entró en servicio la conexión con los archivos informáticos de la Agencia Tributaria, cada vez que alguien tenía que hacer frente al pago de una responsabilidad civil y se intentaba escapar argumentando una presunta insolvencia no quedaba más remedio que mandar escritos a las distintas instituciones para saber si había más bienes o dinero del que se decía. Desde el decanato de los juzgados de Sevilla se preparó una iniciativa para aprovechar la inmediatez de los sistemas informáticos con terminales con accesos a los datos de la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, los centros de Gestión Catastral de Sevilla y provincia y el Servicio de Estadística del Ayuntamiento. El Consejo General del Poder Judicial dio el visto bueno a la idea y Sevilla se llevó el premio de ser la innovadora por haber tenido la ocurrencia. Barcelona capital también usa estos métodos, pero no son tan generosos como en Sevilla, ya que desde la capital andaluza, las terminales informáticas y los cuatro funcionarios que están a cargo de las peticiones atienden a 400 órganos de toda Andalucía. Aquí hay una excepción, que es Málaga capital y provincia. No es porque se discrimine a los malagueños, sino que se espera que en un corto periodo de tiempo exista una unidad propia en la citada ciudad. Por el momento, los cuatro funcionarios destinados al programa trabajan en turnos de mañana y tarde para atender las reclamaciones de todos aquellos órganos jurisdiccionales que lo soliciten. Las peticiones llegan por correo normal y a través de dos faxes destinados exclusivamente a este fin en el decanato. La importancia de los datos que se manejan gracias a estas conexiones informáticas hace necesario que la discreción sea uno de los puntos fuertes. Los cuatro operarios encargados de realizar las consultas disponen de claves propias y nominales para acceder a cada banco de datos. Además, éstas vienen dadas por las propias instituciones que proporcionan la información, así que cualquier filtración que pudiera suceder, sería inmediatamente identificada y, por lo tanto, penalizada. En un futuro a las extensiones con la Agencia Tributaria (con datos sobre las últimas declaraciones de la renta), Dirección General de Tráfico (posesión de automóviles, multas, sanciones...) y las del catastro y estadística municipal, se sumará la de la Dirección General de Policía, con la que se podrán consultar direcciones alternativas que aparezcan en el DNI o si la persona implicada figura en busca y captura. Los resultados de esta experiencia son más que satisfactorios. El decano de los jueces sevillanos, Andrés Palacios, no puede ocultar su orgullo cuando muestra las cifras desde que empezó a balbucear este plan. Las consultas a la Agencia Tributaria desde toda Andalucía (y a través de Sevilla) durante el pasado año fueron 8.765. En lo que va de 1999, han crecido hasta las 10.323. En lo que respecta a las consultas a la Dirección General de Tráfico, en 1998 fueron 5.405 y en lo que va de año se han alcanzado ya las 7.717. Por encima de todo está la celeridad; estos trámites solían tardar entre cuatro y cinco meses y ahora se pueden hacer de un día para otro. Además, las otras partes también se benefician de esta conexión y la retroalimentación desde los juzgados facilita que las retiradas de carnés de conducir o los embargos entren inmediatamente en los archivos oficiales. Conferencia sectorial La consejera andaluza de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, y sus homólogos de las otras cinco comunidades que tienen transferida la competencia de Justicia volvieron ayer a exigir al Ministerio la creación de una conferencia sectorial como órgano de interlocución. En la reunión de ayer, en San Sebastián, de la Comisión de Coordinación de Justicia se aprobaron las normas de funcionamiento de la comisión, que se reunirá cada tres meses en una comunidad distinta. "Hemos insistido en la necesidad de contar con un instrumento de interlocución con el Ministerio, al igual que existe en otras materias", explicó Hermosín, quien anunció que se ha redactado un documento, en el que se califica de "grave" y "falta de respeto" la actitud del Ministerio de Justicia.