Un grupo de vecinos de Málaga espera hace diez años la reparación de los defectos de sus casas de VPO

Tras cinco años de espera inútil, José Romero, un albañil de Churriana (Málaga), ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz para zanjar lo antes posible la disputa que le enfrenta a la Junta de Andalucía y al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. Romero, que en 1989 recibió una casa de protección oficial con graves defectos, demandó a estas instituciones en 1994 por incumplir la legislación de VPO, y denuncia que, hasta ahora, ningún perito ha aceptado redactar el informe necesario para que el procedimiento avance y se dicte sentencia. Han pasado 10 años desde que las casas, construidas por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), fueron entregadas, y las deficiencias se dejaron sentir desde el principio. "Cuando entramos por la puerta por primera vez, fue como un baño de agua fría", dice Crespillo. José Romero, albañil con 25 años de experiencia, explica que la casa no tiene juntas de dilatación, que para los saneamientos se emplearon tuberías más estrechas de lo debido, lo que produce atoros continuos, y que los yesos están muertos -es decir, que no se pueden perforar con un taladro porque se vienen abajo-. En definitiva, denuncia que las viviendas se construyeron sin ajustarse a las memorias de calidad aprobadas y visadas por la Junta, como fija la ley: el único sello que figura en el proyecto es el del Colegio de Arquitectos. Después de reclamar durante tres años por vía administrativa sin obtener ningún resultado, Romero interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia contra la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta y contra el IMV. La sala de lo Contencioso Administrativo ha propuesto a cinco arquitectos técnicos para que hagan un informe pericial, explicando cuáles son las causas del problema y valorando los daños, pero todos han renunciado argumentando que mantienen relaciones profesionales con la Consejería o el Patronato. Romero y su abogado, Teodoro Gross, creen que la razón de tanta renuncia es que la obras están firmadas por el arquitecto Juan Sacristán, que ahora, según dicen, desempeña un cargo de responsabilidad en la Consejería. Mientras el procedimiento se eterniza, Romero y su familia se sienten "indefensos, en una situación sin salida". El seguro privado no se hace cargo de las reparaciones, porque las considera defectos de construcción y fuera de cobertura. Después de que en 1991 la Junta abriese un expediente sancionador al IMV, éste sí asumió algunas reparaciones, pero no todas. "Puros parches", dice Romero. Fuentes del IMV reconocieron que algunas de sus reclamaciones eran justas y fueron atendidas; que la Junta las dio por buenas y cerró el expediente. El IMV no se ha personado como parte en el contencioso, porque, según las mismas fuentes, no les atañe. El abogado Gross negó este extremo, y reiteró que la demanda se dirige tanto contra el IMV como contra la Junta.