El Tribunal de Cuentas afirma que son ficticios 4.600 millones de deudas de la Diputación de Guadalajara

Los presupuestos de la Diputación de Guadalajara reflejan 4.604 millones de pesetas de deudas ficticias pendientes de cobro, según señala un informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas del Estado, organismo que ha estudiado con lupa las cuentas de la corporación presidida por Francisco Tomey, senador del PP. El informe, remitido la pasada semana a la institución alcarreña, indica que esos presupuestos no dan una imagen fiel de su realidad contable y recomienda su saneamiento. La fiscalía denunció la ocultación de un déficit de 3.500 millones, ahora aumentado.

Las cuentas de la Diputación de Guadalajara son artificiales y no reflejan una imagen fiel de su realidad contable, según las conclusiones provisionales del organismo fiscalizador, después de que sus técnicos hayan analizado uno a uno, durante un año, todos los libros y las cuentas de la corporación que gobierna el PP. Mientras que la institución que preside el senador Francisco Tomey reflejó en 1995 deudas pendientes de cobro por 5.941 millones, el Tribunal de Cuentas sólo reconoce 1.337 millones. Es decir, que 4.604 millones respondían a apuntes ficticios, derechos no reconocidos y errores contables. Estos últimos superan los 800 millones. Fuentes de la corporación alcarreña, conocedoras del informe, aseguran que, según la fiscalización, los remanentes de tesorería estaban inflados y que se contabilizaban, como ingresos pendientes de cobro, deudas ficticias o inexistentes, tal como adelantó la fiscalía de Guadalajara, que acusó a Tomey y al interventor, José Villalgordo, posteriormente fallecido, de un presunto delito de falsedad en documento oficial. En otros casos las deudas eran reales, pero se hinchaban las cantidades pendientes de liquidación.

En su decreto de acusación, María Ángeles García, fiscal jefe de esa provincia, cifró hace un año el déficit en 3.500 millones y lo calificó como una "alteración pertinaz" y no como "un error contable". Ahora, los peritos del tribunal señalan que la diferencia entre lo reflejado en los presupuestos y la realidad asciende a 4.604 millones.

En el caso de Guadalajara, las cifras de posibles ingresos se venían inflando desde 1991, pero la fantasía contable se disparó en el ejercicio de 1995. Concretamente, el remanente de tesorería de ese año se cifró en 1.427 millones. El Tribunal de Cuentas indica ahora que el ajuste de ese ejercicio debería haber sido de 5.125 millones, por lo que los presupuestos deberían haber reflejado un déficit de 3.697 millones.

En 1996, el remanente de tesorería reflejado fue de 2.668 millones y el ajuste debería haber sido de 691 millones, según advierten los técnicos del Estado. En ese periodo, el presupuesto debería haber cuantificado un saldo negativo de 3.559 millones.

Bajas millonarias

El pasado mes de noviembre, la Diputación, adelantándose al dictamen del tribunal, dio de baja 2.904 millones de supuestas deudas que aparecían reflejados en los ejercicios presupuestarios de 1992 a 1995. Fue una de las primeras tareas de Rosario Iglesias, la nueva interventora, quien argumentó que esa deuda no cumplía los requisitos exigidos por la Intervención General del Estado. Desde 1996 la corporación ha ido corrigiendo estos desfases. Fuentes de la Diputación alcarreña destacan que el Tribunal de Cuentas "no ha apreciado responsabilidad contable" en el Gobierno de Tomey "porque no se han falsificado documentos contables". En este sentido, señalan la diferencia entre falsear las cuentas, que es lo que ha ocurrido en opinión de los técnicos del tribunal, y falsificarlas. Según algunos expertos, se puede crear un mundo de artificio y no entrar necesariamente en la falsificación.

La fiscalía, que acusa a Tomey de falsedad en documento oficial, no acepta esa diferencia. Para ella, el documento de liquidación de los presupuestos, en el que figuran los deudores ficticios, es una falsificación.

El Supremo ha solicitado al órgano fiscalizador que le remita su informe. Durante las últimas semanas varios testigos, en su mayoría técnicos de la Diputación, han declarado ante Adolfo Prego, instructor de la causa. El Tribunal de Cuentas declinó ayer facilitar datos sobre su informe hasta que se presente ante el Parlamento.