Hacienda revisa todas las actuaciones de la Inspección con Torras y sus gestores

La Agencia Tributaria ha abierto una investigación interna sin precedentes para esclarecer si durante el periodo que va desde 1987 hasta 1994 —en el que Ernesto Aguiar y José María Huguet, ex director general de Coordinación de has Haciendas Territoriales y jefe de la Inspección en Cataluña, respectivamente, ocuparon sus cargos— la Inspección cumplió adecuadamente sus obligaciones en relación con todas las empresas del Grupo Torras y las de sus principales ejecutivos y asesores, comenzando por Javier de la Rosa y Juan José Folchi. En total, un centenar largo de sociedades.

La investigación, cuya duración está sin determinar, implica revisar todas las decisiones adoptadas sobre esas empresas por la Inspección. Este proceso se puso en marcha a los pocos días de conocerse que los dos ex altos cargos recibieron en 1 990 en sus cuentas suizas diversos pagos ordenados por el asesor legal de Torras, el abogado barcelonés Juan José Folchi.

Posteriormente, se puso de manifiesto que Aguiar y Huguet ingresaron hasta 1 .065 millones de pesetas, lo que ha aumentado la creencia de que pudo haber ingresos procedentes de otras empresas o personas. La documentación no está oficialmente disponible en España, ya que su llegada está pendiente de la decisión del juez suizo Tapolet. Se espera que la adopte durante los próximos días.

Sin embargo, a los efectos de Hacienda, este hecho no impide realizar la verificación in terna sobre las actuaciones de la Inspección. La tarea es ardua, tanto por el gran número de sociedades implicadas -—las de Torras, pero también has de sus ejecutivos— como por el hecho de que afecta a diferentes unidades inspectoras.

Torras era una gran sociedad holding, con participaciones en grandes empresas, como la química Ercros, la azucarera Ebro, la papelera Torras Papel, la sociedad de Bolsa Beta Capital o ha textil Industrias Burés, por citar tan sólo las más importantes. Pero, además, su principal ejecutivo, Javier de la Rosa, creó en 1990 su propia estructura empresarial a partir de Grand Tibidabo, sociedad que acabó completamente descapitalizada, pero que era también cabecera de un importante ramillete de empresas.

A caballo entre ambos grupos se encontraban una miríada de sociedades inactivas que servían para pagar comisiones o para generar dinero opaco al fisco. La inspección sobre estas empresas menos conocidas, algunas de las cuales están envueltas en sumarios judiciales, como Aciesa, Pinyer o Diagonal Investments, ya generó sospechas en su momento.

En ocasiones, las inspecciones se saldaban con modestas reclamaciones sobre sociedades que declaraban miles de millones de pérdidas y que eran utilizadas por decenas de empresas para no declarar beneficios en operaciones inmobiliarias o de compra y venta de acciones.

También llamó la atención en su momento que De la Rosa, propietario de helicóptero y yate de lujo, a través de sociedades instrumentales, pudiera declarar ingresos de 10 millones anuales. El segundo elemento de complejidad se refiere a las diferentes unidades de la inspección implicadas. Las empresas más grandes dependían, en su mayor parte, de la Oficina Nacional de inspección, con sede central en Madrid, pero con inspectores jefes adjuntos en Barcelona. El siguiente nivel es el de las unidades de la Oficina Regional y de la Provincial, ambas dependientes directamente de Huguet y sus adjuntos. Mientras tanto, los hechos han provocado una verdadera conmoción en Barcelona, donde desde hace varios años corrían toda clase de especulaciones sobre el comportamiento de algunos miembros de la Inspección.