El Parlamento condena la "campaña política" montada contra el Concierto

El pleno del Parlamento vasco rechazó ayer la supuesta "campaña política" orquestada contra el Concierto Económico. Los partidos que integran el Pacto de Lizarra -PNV, EH, EA e IU- sacaron adelante esta moción de condena frente a la proposición del PP, PSE y UA que defendía el Concierto, pero abogaba por la revisión de los controvertidos incentivos fiscales a la inversión, con el fin de adaptarlos a la armonización fiscal y las directivas de la Comisión Europea. Las últimas decisiones de Bruselas contra las ayudas fiscales concedidas a la multinacional coreana Daewoo y a la empresa Ramondín para instalarse en Álava animó a IU a plantear en la Cámara una proposición no de ley apoyando la normativa tributaria vasca. Además, esta semana se ha conocido que la Comisión puede abrir un expediente de infracción contra los dos incentivos fiscales más importantes dispuestos por las Haciendas forales para atraer nuevas inversiones empresariales a Euskadi. En medio de este clima se celebró el debate, que reflejó el alineamiento de fuerzas que ya viene siendo habitual cuando se discuten los temas más trascendentes: PNV, EA, EH e IU por un lado, y PP, PSE y UA por el otro. La proposición aprobada por los partidos de Lizarra rechazaron la "campaña y las manifestaciones políticas" que intentan situar al Concierto como un elemento de "discriminación o privilegio" sin contemplar las capacidades que tiene. Además, acusaron al PP y a los socialistas de decir que defienden el Concierto, pero de recurrir de forma sistemática las normas que emanan de él. Así, el portavoz del PNV en el debate, Juan María Ollora, recurrió a un símil para describir la "supuesta" defensa que hace el Gobierno central del Concierto. "Es como si se contrata a un violador de menores como monitor para un campamento de niños". Ollora insistió en que, a pesar de que el Concierto es un sistema pactado con el Ejecutivo central, éste no respeta esa circunstancia. PP y PSE coincidieron en que la reacción del Gobierno vasco y de las diputaciones forales ante los fallos de la Comisión Europea han sido desmedidas. Según el representante del PSE, Fernando Buesa, "el enjuiciamiento de las medidas que aplica el Concierto constituye un procedimiento de control y revisión de unas normas que siempre han de ajustarse a la ley. No deben valorarse como un ataque político". Por su parte, Antón Damborenea, del PP, negó que el Estado recurra por sistema las normas vascas. "El IRPF de Euskadi es diferente al del resto de España y no se ha recurrido", dijo.