La oposición pide que el Gobierno comparezca tras la sentencia del caso de Sant Pere de Torelló

Diez años después de los hechos, el caso de Sant Pere de Torelló, que en 1994 provocó la caída del entonces consejero Josep Maria Cullell, sigue persiguiendo al Gobierno de Jordi Pujol. Cuatro grupos parlamentarios han pedido la comparecencia del Gobierno para que explique qué piensa hacer después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la condena por tráfico de influencias y fraude. Además de Cullell, en este asunto intervinieron los departamentos que dirigían el actual candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Joaquim Molins (Política Territorial), y Antoni Comas (Bienestar Social), y el Instituto Catalán de Finanzas, que depende del Departamento de Economía.

El escándalo de Sant Pere de Torelló consistió en que el cuñado de Cullell, Joan Vilaró, consiguió remover los numerosos obstáculos que desaconsejaban recalificar como urbanizable una finca rústica de su propiedad e inmediatamente la vendió al propio Ayuntamiento de la localidad por más del doble de su valor inicial. Para que todo ello fuera posible tuvo que producirse una actuación combinada en la que intervinieron, además del alcalde, Ramon Vaqué, la dirección general de Urbanismo, cuyo titular era Joan Anton Solans; el Instituto Catalán de Finanzas, cuyo director general era Ernest Sena, y el Departamento de Bienestar Social. Este último fue el que inició la intervención gubernamental, al designar la finca de Vilaró como emplazamiento indicado para construir edificios dedicados a servicios sociales. Luego aportó un aval de 69 millones de pesetas para su compra y ante la insolvencia del Ayuntamiento tuvo acabar pagándolos por una de las parcelas en que fue dividida la finca. En las diversas ocasiones en que a lo largo de los seis últimos años la oposición ha exigido responsabilidades al Gobierno por este asunto, Pujol y los consejeros afectados se han amparado siempre en que estaba en manos de la justicia. Pero el Tribunal Supremo ratificó el mes pasado la condena que la Audiencia de Barcelona dictó en febrero de 1998 contra Vilaró por tráfico de influencias y contra Vaqué por fraude. El portavoz de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Jordi Guillot, manifestó ayer: "Ahora se han acabado ya las excusas y el Gobierno tiene que dar explicaciones y asumir sus responsabilidades". Recordó que el diputado de CiU Raimon Escudé afirmó en un reciente debate parlamentario sobre el caso que si en algún momento llegaba a haber sentencia condenatoria firme, el Gobierno tomaría las medidas pertinentes. "Este momento ha llegado", dijo Guillot, "y además la sentencia habla de temeridad y mala fe en la actuación de la Administración". Los cuatro grupos de la oposición que han pedido la comparecencia del Gobierno son los del PSC, de IC-Verds, Esquerra Republicana (ERC) y el Mixto. El portavoz del PSC, Higini Clotas, explicó también que la sentencia del Supremo aporta nuevos hechos al caso y eso exige que el Gobierno "informe acerca de cómo va a afrontar la situación". No obstante, Clotas no se mostró muy optimista acerca del resultado que vaya a obtener la petición. El Partido Popular (PP), explicó, ha rechazado firmar la solicitud de comparecencia y eso puede ser el anticipo de que la rechace cuando sea tramitada en la Junta de Portavoces. Si así fuera, entre CiU y el PP tienen mayoría para evitar la comparecencia. El PP sigue en el Parlament respecto al Gobierno de CiU un comportamiento simétrico al que en las últimas semanas tiene el grupo parlamentario de CiU en el Congreso en los asuntos que afectan al portavoz del Gobierno, Josep Piqué, y al ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, por cuestiones fiscales.