El Superior plantea que los ciudadanos se "resignen" a perder derechos para desatascar los tribunales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, considera que la solución ante la acumulación de casos judiciales pendientes puede ser más "una cierta capacidad de resignación" de los ciudadanos "ante la pérdida de los derechos" que el "crecimiento de los órganos judiciales". La Memoria del Superior del año pasado, que Zorrilla presentó ayer, advierte de que la Audiencia de Vizcaya tiene pendientes 6.347 asuntos, cifra "notoriamente excesiva y alarmante", mientras que la de Álava es la única que se encuentra al día.

Manuel María Zorrilla estima que "la sociedad judicializa intensamente sus problemas", y los ciudadanos, "quizas con exceso de celo", tienden a llevar a los tribunales "cuantas diferencias se producen en el seno de la sociedad". Esta situación causa, según el presidente del máximo tribunal vasco, la acumulación de casos pendientes, cuya solución "desde el punto de vista social y filosófico" no estaría tanto en el aumento de órganos judiciales como en "la introducción de una sana cultura de pacificación, e incluso de una cierta capacidad de resignación, para entender que una actitud transaccional ante la pérdida de los derechos vale más, personal e individualmente, que una defensa acérrima de los mismos". La Memoria Judicial de 1998 constata que la Audiencia de Vizcaya acumula 6.347 casos pendientes de resolución "lo que equivale al trabajo total de todos los magistrados durante un año". Esta situación "justifica la creación de dos plazas de magistrado, facilitando la constitución de la Sexta Sección". El año pasado esta Audiencia dictó 4.202 resoluciones, entre sentencias y autos, lo que supone 497 menos que en 1997, aunque los magistrados que la forman cumplen con los "modulos de trabajo" aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. "Modestia" del jurado La Audiencia de Guipuzcoa dictó 3.205 resoluciones en 1998. Aplicando los mismos criterios que en Vizcaya, la memoria judicial concluye que, por ahora, no es necesario aumentar la plantilla de sus magistrados. La Audiencia de Álava es la que mejores resultados ofreció el año pasado con un ligero aumento de casos. Se dictaron 1.951 resoluciones lo que supone un promedio de 325 por magistrado y año y determina una situación de "equilibrio" y de "funcionamiento al día". La experiencia del Tribunal del Jurado fue calificada por Zorrilla como "de una modestia que sorprende", después de las expectativas que se levantaron en el momento de su implantación, en cuanto al número de casos que podrían ser juzgados con este sistema. No obstante, y tras analizar sus resultados, el presidente del Superior consideró necesario introducir algunos cambios en su funcionamiento, dado que, por ejemplo, "la carga que se arroja sobre los componentes del jurado popular adolece de un exceso de tecnificación, lo que impone una preparación desproporcionada al carácter intuitivo con el que se ejercen estas funciones". Por esta razón "sería conveniente que ciertas valoraciones en Derecho, especialmente la relativa a la culpabilidad del acusado, fueran sustraidas al jurado popular y fueran asumidos por el juez de derecho, que en definitiva tiene la responsabilidad y competencia necesaria para pronunciarse sobre estos extremos, máxime dada la complejidad que la ley en vigor establece". En este contexto, Zorilla se refirió al caso Otegi, que definió como el "más espectacular" y que "no pudo agotarse como hubiera sido deseable", debido a la fuga del acusado, una situación que se produjo "no por falta de celo judicial", sino por un "vacío producido en la previsiones de la legalidad" después de que Mikel Otegi fuera declarado por un jurado no culpable del asesinato de dos ertzainas en Itsasondo, veredicto que el Superior anuló después. Respecto al trabajo del máximo tribunal vasco, Manuel María Zorrilla, propone en la memoria "una ampliación de competencias en materia civil" de la Sala de lo Civil y Penal, dada la menor actividad que registran y de acuerdo con "los antecedentes históricos del hecho autonómico". Por ello plantea la atribución de competencias "que agoten los grados jurisdiccionales en el ámbito territorial correspondiente". Esta propuesta plantea la posibilidad de ver los recursos de casación contra las resoluciones de las Audiencias Provinciales en materia de Derecho Civil, Foral o especial propio de la comunidad autónoma, salvo que esta competencia se asigne al Tribunal Supremo, así como las posibles reclamaciones de responsabilidad civil contra el presidente de la comunidad autónoma, consejeros de Gobierno y miembros del Parlamento, jueces y magistrados.