El alcalde de Sant Pere de Torelló elude dimitir y apela al Constitucional

El alcalde de Sant Pere de Torelló (Osona), Ramon Vaqué, ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, que le condena a un año de prisión y siete de inhabilitación por fraude en la compra de unos terrenos por parte del Ayuntamiento a Joan Vilaró, cuñado del ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Josep Maria Cullell. Pese a la insistencia de la oposición, el alcalde ha eludido de momento dimitir.

El anuncio de elevar la sentencia al Tribunal Constitucional se hizo público ayer, cuatro días después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia que la Audiencia de Barcelona ya dictó en febrero de 1998. La apelación al Constitucional no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia, aunque el alto tribunal podría acordarlo al admitir el recurso a trámite. En cualquier caso, la ejecución de la sentencia depende ahora de que así lo ordene el tribunal de audiencia que la dictó. La oposición en el consistorio de Sant Pere de Torelló, formada básicamente por el grupo Entesa dels Independents d"Osona (EIO), ha manifestado sentir "poca sorpresa" ante la actitud del alcalde después de que se le notificara la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo. Jordi Fàbrega, líder de la oposición, ha declarado: "Nos sorprendería que a Vaqué le quedara la suficiente dignidad para dimitir antes de que le obliguen". Los responsables comarcales del partido al que pertenece Ramon Vaqué, denominado Independents pel Progrés Municipal d"Osona (IPMO), se han desentendido de la actuación del alcalde. Inmediatamente después de conocerse la noticia de la ratificación del Supremo, pidieron públicamente a Ramon Vaqué que presentara la dimisión. El anuncio del recurso al Constitucional se hizo mediante una escueta nota firmada por Joan Plana, alcalde accidental de Sant Pere de Torelló en la que, en nombre del equipo de gobierno, se pide a Ramon Vaqué que no deje su cargo, "ya que los tribunales no se han pronunciado definitivamente respecto a la ejecución de la sentencia". La petición del equipo de gobierno confirma lo que durante toda esta semana se había ido dibujando: el alcalde no dimitirá hasta que no se ejecute la sentencia ratificada por el Supremo la semana pasada y quede inhabilitado para ejercer un cargo público. Compra polémica La nota, que por orden expresa de alcalde sólo fue difundida entre los ciudadanos de Sant Pere de Torelló, se ha querido presentar como una parte mas del boletín informativo municipal del mes de abril. En ella, los compañeros de partido de Ramon Vaqué justifican indirectamente la compra fraudulenta de los terrenos de Joan Vilaró, cuñado del ex consejero de Obras Públicas, por parte del Ayuntamiento. El gobierno municipal considera "plenamente justificada la actuación política destinada a hacer equipamientos sociales". Entre ellos, la nota cita una residencia para ancianos, una escuela de jardinería y equipamientos deportivos. Ninguno de estos proyectos se ha llevado a cabo. Los terrenos que el Ayuntamiento compró a Joan Vilaró para construir viviendas de protección oficial en la finca de La Riera tenían un valor real de mercado en el momento de efectuarse la operación de 80 millones de pesetas, mientras que su propietario percibió de una sociedad municipal más de 147 millones de pesetas. La abogada de Ramon Vaqué, Josepa Freixas, aseguró ayer que está trabajando para presentar, "lo antes posible", el recurso de amparo de su cliente ante el Constitucional. Freixas, quien no quiso aclarar si se va a recurrir la totalidad de la sentencia ratificada por el Supremo la semana pasada, indicó que su cliente "está convencido de su inocencia". La letrada argumentó que la sentencia "contradice el actual mensaje político, ya que quiere perjudicar las actuaciones que defienden el Estado del bienestar como la construcción de viviendas de protección oficial". Ramon Vaqué nunca ha evitado hablar en público sobre sus problemas con la justicia por el caso Sant Pere de Torelló. El año pasado, aún se jactaba ante la prensa de que este caso ayudó a su partido a ganar más votos y vaticinaba una nueva victoria en las elecciones municipales del próximo 13 de junio, a las que finalmente no podrá concurrir por su inhabilitación.