El PP legalizará la compraventa privada del agua aunque el PSOE se oponga

Al Gobierno del PP no le ha hecho mella el ultimátum lanzado desde el PSOE para que retirase su propuesta de legalizar los mercados del agua en las negociaciones para reformar la Ley de Aguas. Con el consenso del PSOE o sin él, la autorización de la compraventa de derechos de agua entre particulares va para adelante, según ha confirmado el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco. La reforma, que prevé también la creación de bancos públicos de agua para situaciones de sequía, se llevará a las Cortes antes del verano.

El Gobierno está decidido a legalizar la posibilidad de que los particulares con derechos a utilizar agua puedan vender la que les sobra al mejor postor, previo trámite de tan sólo comunicar el pacto de compraventa a las Confederaciones Hidrográficas, órganos que gestionan las cuencas fluviales.La decisión es firme, según Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas, pues constituye uno de los fundamentos que impulsó el PP a reformar la Ley de Aguas, nada más acceder al Gobierno. Aprobada por los socialistas en 1985, la Ley incorporó al dominio público las aguas subterráneas y fue recurrida ante el Constitucional por el PP, aunque el alto tribunal desestimó el recurso.

Tras dos encuentros del Gobierno con el PSOE para negociar el alcance de la reforma, la portavoz socialista, Cristina Narbona, fijó la posición de su partido en una carta a la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, en que aceptaba la creación de bancos públicos, según el modelo de California, donde la administración compra en épocas de sequía los derechos de agua a los agricultores y la vende a los municipios.

Negativa

En el PSOE no están dispuestos a aceptar la compraventa libre de derechos de agua tal como la plantea el Gobierno, ni siquiera en caso de que se exprese taxativamente la prohibición de cambios de uso: es decir, que una compañía hidroeléctrica no pueda vender sus derechos de turbinar agua a un campo de golf, o una urbanización a los agricultores, o viceversa.Según Cristina Narbona, aun con esa prohibición expresa, el artículo 59,2 propuesto por el Ministerio establece explícitamente una excepción a la obligatoriedad de que el agua vendida se mantenga adscrita a los usos indicados en el derecho concesional.

Para Benigno Blanco, el temor a que las poderosas compañías hidroeléctricas acaparen el mercado del agua resulta injustificado, porque no se permitirá el cambio de usos. Quien venda derechos de riego lo hará porque le sobra agua y para que la compren otros regantes. Según Blanco, la libre compraventa de derechos no tiene otra función que la de facilitar más eficiencia, y también conseguir el máximo ahorro de agua en épocas de sequía: "Es un mecanismo de transmisión temporal de agua en el que no vamos a ceder", ha manifestado con toda claridad Blanco.

Sobre la presencia de las comunidades autónomas en los consejos de administración de las sociedades estatales para hacer obras hidráulicas, Blanco afirma que, si las autonomías donde el PSOE gobierna no están en estos consejos, es porque no han querido.

"Se opusieron desde un principio a la creación de estas sociedades y a que hicieran obras. Nuestro criterio es que se impliquen", señala Blanco, que pone como ejemplo ilustrativo el de la sociedad del Baix Llobregat, creada para construir una depuradora de 40.000 millones de pesetas, y en cuyo consejo está el alcalde de El Prat, afiliado a Izquierda Unida. "No excluimos a nadie por razones de ideología", afirma Blanco "No entiendo que rechazaran esas sociedades y ahora quieran participar; ahí está pendiente, por ejemplo, el recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha contra la creación de la Sociedad de Aguas del Júcar".

Ante el ultimátum lanzado por el PSOE de no continuar las negociaciones sobre la reforma, Blanco dice que no presentan alternativas, por lo que insiste en que la reforma seguirá y probablemente en mayo, una vez aprobada por el Consejo de Ministros, se debata en el Parlamento. Narbona cree que el Gobierno quería desde el principio crear el mercado del agua, y lo podía haber logrado con el apoyo de los nacionalistas, sin necesidad del consenso de su partido.