Sociedades estatales y deslindes

La Secretaría de Estado de Obras y Aguas tiene ya preparados los expedientes de creación de las sociedades estatales para acometer obras hidráulicas en las cuencas de los ríos Guadalquivir, Duero y Segura, que tendrán una dotación global de 47.000 millones. Ese dinero procederá del proceso de privatización de empresas públicas.La creación de estas sociedades, que han sido justificadas como vía para poder mantener el volumen de gasto sin que compute el déficit en los márgenes fijados en Maastricht, ha sufrido un largo proceso.

Algunas de las entidades que se crearon hace dos años es ahora cuando han empezado a desarrollar la contratación propia de proyectos.

La sociedad estatal del Ebro (Acesa) acometerá las obras para los abastecimientos de Zaragoza, la presa de Santaliestra (Huesca) y también la modernización del Canal de Lodosa (Navarra)

La del Sur (todo el litoral mediterráneo andaluz) va a iniciar la construcción de una desaladora en Carboneras (Almería), con el objetivo de obtener 40 millones de metros cúbicos anuales, con destino a los regadíos bajo plásticos; por su parte, la del Guadiana acometerá en breve, con 8.000 millones de pesetas, el abastecimiento de agua de Badajoz, que no está garantizado en épocas de sequía.

Entre los proyectos más inmediatos de la sociedad estatal del Júcar figuran la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó, obra incluida en el convenio que el Ministerio firmó con la Comunidad Valenciana, y los abastecimientos de Albacete.

Por otra parte, el ministerio ha cerrado la asignación presupuestaria destinada a financiar el deslinde de 3.000 kilómetros nuevos de riberas fluviales en toda España. Estos trabajos se habían suspendido para llevar previamente a cabo un replanteamiento del programa Linde, que fue diseñado en su día por el PSOE.

Según el Secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, se ha realizado una cartografía nueva, para identificar los tramos más sensibles y urgentes que suman 3.000 kilómetros, sobre los que se va a actuar prioritariamente.

El deslinde fija las márgenes de los ríos que son de dominio público, sobre las que no se puede levantar ninguna edificación. En el aspecto burocrático, supone un proceso administrativo tan largo como el deslinde del dominio público en las costas, porque los afectados suelen recurrirlo.