Relativa satisfacción de los afectados
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismos (AVT), Ana Vidal, expresó su satisfacción por el proyecto para indemnizar a las víctimas del terrorismo, "realizado con la mayor voluntad", presentado ayer por el Gobierno. "Tenemos claro que todas las víctimas deben ser iguales, tanto las que han tenido resultados ante los tribunales como las que no". Destacó que lo más importante es "que de alguna forma sirva para reconocer la injusticia cometida contra algunas de la víctimas durante muchos años, ya que esto no es una cuestión material".Sin embargo, en el editorial del último número del boletín interno de la AVT se achacaban las "prisas" de la Administración en atender a las víctimas a la perspectiva de que los etarras sean excarcelados si la tregua se convierte en definitiva. "Sólo desde el convencimiento de que se les va a proferir [a las víctimas] una nueva afrenta con el excarcelamiento gracioso de sus agresores, en virtud de que sus compinches en libertad dejen de actuar criminalmente, se pueden entender las prisas por enmendar tres décadas de desamparo institucional", dice.
Ayer los grupos políticos reaccionaron de forma desigual al proyecto presentado por el Ejecutivo. Mientras el PSOE consideraba un "avance positivo" el hecho de que se incluyan a los afectados por el terrorismo, el antiterrorismo y los atentados ocurridos durante la transición, la portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Rosa Aguilar, tachó de "miserable y penosa" la actitud del Gobierno al considerar que busca "colgarse medallas" en una cuestión que ha supuesto mucho sufrimiento a muchas personas.
Aguilar subrayó que, a su juicio, la futura ley debería aplicarse a partir de 1976, cuando se inicia la transición democrática, y no desde 1968, para evitar agravios comparativos entre las víctimas del terrorismo y los que murieron durante el régimen de Franco.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, elogió la flexibilidad del Ejecutivo por darle forma de proposición de ley y no de proyecto de ley, lo que da un mayor protagonismo al Parlamento.
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