El Estado prevé indemnizar con 21 millones por cada muerto en atentado terrorista

El Gobierno propone indemnizar con 21 millones de pesetas a cada una de las familias que han sufrido una víctima mortal por terrorismo, según anunció ayer el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, tras la sesión del Consejo de Ministros que dio luz verde a la proposición de ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. El texto, que cuenta "con un consenso amplio" e incluye todos los casos de terrorismo, según Cascos, aún no es definitivo y depende de la tramitación parlamentaria. El vicepresidente calcula en 42.000 millones la cantidad que tendrá que abonar el Estado.

Cascos, que ha coordinado la proposición, cuyo primer borrador articulado se conoció ayer tras dos meses de conversaciones con los partidos, destacó su "amplio alcance". El Gobierno ha elegido la figura de la proposición de ley (normalmente iniciativa de los grupos parlamentarios) en vez del proyecto legislativo (como se denominan usualmente los promovidos por el Ejecutivo) para que puedan suscribirla desde su origen, y no sólo votarla, todos los partidos que lo deseen y no únicamente el Gabinete.El texto de la proposición -con 10 artículos, y seis disposiciones- establece que serán beneficiarias las víctimas "por daños físicos o psicofísicos" o sus familiares por todo tipo de terrorismo -ETA, Batallón Vasco Español (BVE), GAL, GRAPO, etcétera- desde enero de 1968, año en que se produjo el primer atentado mortal etarra.

El vicepresidente reconoció que ha sido precisamente el ámbito de aplicación de la ley su aspecto "más debatido" con los partidos y, a su juicio, el resultado es que "comprende el máximo de casos posibles", aunque se excluyen los daños materiales. El texto supera el concepto penal de banda armada, al establecer como objeto "las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados, o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana (...)". Cascos aseguró, por ejemplo, que la proposición abarca también a las víctimas de la extrema derecha, o, incluso, si la sentencia judicial es favorable, a los familiares el dirigente de HB, Santiago Brouard, asesinado por el GAL en noviembre de 1984.

El caso de Yoyes

Otras fuentes gubernamentales señalaron que también se aplicará a los herederos de la ex dirigente de ETA Dolores González Catarain, Yoyes, asesinada por la banda, o a los de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, si la sentencia judicial confirma que murieron tras ser secuestrados. En este último caso, lo previsible es que el Estado sea responsable civil subsidiario.La proposición no abarca, sin embargo, a quienes hubieran sido víctimas de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante una actuación de orden público o investigación oficial.

La amplitud de la ley ha sido una de las cuestiones más debatidas entre el Gobierno y el PSOE que, a juicio de Álvarez Cascos, se zanja con un "máximo común denominador". El PNV no ha conseguido su reclamación de que el ámbito temporal de la ley se traslade de enero de 1968 a la transición democrática. El vicepresidente primero cree que "un aspecto tan menor" no será obstáculo para que los nacionalistas vascos la apoyen.

Otro aspecto muy debatido ha sido el criterio de pago de las indemnizaciones. El texto establece que la cuantía de éstas será la fijada por una sentencia en concepto de responsabilidad civil.

En el caso de que el acto no haya sido objeto de resolución judicial, el Gobierno establece un baremo para determinar la cantidad. En caso de fallecimiento se pagarán 21 millones de pesetas. Para el resto de las categorías aún no se ha establecido un baremo, cuya "complejidad", reconoció Cascos.

El documento, además del fallecimiento, cita la gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes. Las indemnizaciones fijadas por los jueces se actualizarán con arreglo a la inflación.

En el caso de que las cuantías establecidas en sentencia sean menores de las acordadas por la ley, se aplicará el baremo establecido en ella. Y si fueran superiores a dicha cifra, el Estado pagará también el importe del baremo, conservando las víctimas el derecho de continuar acciones en los tribunales contra los condenados y cobrar el resto.

Aunque Cascos se resistió a dar una cifra sobre el costo que supondrá esta ley para el Estado, adelantó, en una primera aproximación, la cifra de 42.000 millones de pesetas, de los que 21.000 millones corresponderían a las cerca de 1.000 víctimas mortales.

El texto establece que los beneficiarios de las compensaciones serán las víctimas de actos de terrorismo y, en caso de fallecimiento, quienes hubieran sido designados destinatarios de ese derecho en sentencia firme o sus herederos. Si no hubiese fallo judicial, el cónyuge no separado legalmente o los herederos en línea directa descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco.

La tramitación y resolución de los procedimientos y el pago de indemnizaciones corresponderán al Ministerio del Interior y se fija un plazo de seis meses para solicitarlas a partir de la entrada en vigor del reglamento de la ley.