La Audiencia exculpa a la Marina Mercante del naufragio de Banyoles

La Audiencia de Girona exculpa a la Marina Mercante del naufragio de Banyoles. El Ayuntamiento de la población es la única Administración con responsabilidades en el naufragio del catamarán turístico que costó la vida a 21 jubilados franceses el pasado mes de octubre. Así se desprende de la interlocutoria dictada por la Audiencia de Girona, que respalda la decisión de la juez instructora del caso, Montserrat Bastit, de no inculpar ni al capitán marítimo de Palamós, Josep Marsal, ni a su jefe de inspección, Manel Fort.

La Audiencia estima que no existe un "específico deber" por parte del capitán marítimo y su jefe de inspección de ordenar y verificar ninguna inspección técnica de la barca, que se había quedado en una fase intermedia de los trámites para obtener el permiso de navegar. Puesto que el Ayuntamiento mantiene que no tenía atributos para realizar esta inspección y la normativa vigente no impone una fecha límite para el trámite y tampoco prevé inspecciones de oficio, la conclusión es que la embarcación hubiera podido navegar in eternum sin que nadie detectara la burda manipulación en el casco que originó el naufragio. La responsabilidad del Ayuntamiento se deriva de una normativa de usos del lago dictada por el consistorio y que engloba todas las actividades que se llevan a cabo en el mismo. Graves vacíos El alcalde de Banyoles, Joan Solana, asegura que "el Estado se ha tensado al máximo" para derivar sus responsabilidades al consistorio de Banyoles y ha llegado a ejercer presiones para evitar que la presencia en el juicio de representantes del Estado ponga en evidencia la situación caótica y los graves vacíos legales de la Administración marítima. Solana mantiene que un informe de la Universidad Politécnica encargado por la Dirección General de Pesca Marítima de la Generalitat ha sido escondido o sustituido por otro. Dicho informe incluía consideraciones muy críticas con el funcionamiento de la Dirección General de la Marina Mercante y sus escasos recursos y explicaba que un solo técnico tiene a su cargo hasta 4.000 inspecciones anuales. A ello se refiere el alcalde en la carta que ha dirigido al ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, reclamándole solidaridad y pidiéndole explicaciones sobre la responsabilidad de la navegación en aguas continentales. "Pienso que si del accidente de Banyoles no se deriva un cambio profundo en la Marina Mercante y en la política turística, en cualquier momento puede repetirse", advierte Solana. "Nosotros no podemos dictar una normativa de seguridad en la navegación o sobre inspección de barcos. Eso es competencia exclusiva de la Marina Mercante", añade. Solana recuerda en la carta al ministro que el catamarán Anna, de características similares al siniestrado y que hasta el día del naufragio navegaba casi indocumentado y sin control de la Marina Mercante, ha sido inspeccionado a fondo por técnicos ministeriales antes de poder volver a surcar las aguas del lago.