El principal acusado reduce el 'caso Zamora' a "irregularidad administrativa"

Luis Cid Fontán, principal implicado en el caso Zamora y ex presidente de la Diputación de esa ciudad, negó ayer que un grupo de constructores pagasen comisiones al PP a cambio de adjudicaciones de obras, y sólo admitió que pudo producirse alguna irregularidad administrativa en la tramitación de los expedientes. El magistrado instructor de la causa, José Antonio Martín Pallín, rechazó un intento de la defensa del senador Dionisio García Carnero para sacar el caso del Tribunal Supremo y de paralizar las diligencias en curso.

Luis Cid Fontán, presidente de la Diputación de Zamora entre 1983 y 1992 y en la actualidad diputado popular en las Cortes de Castilla y León, rechazó ayer todas las acusaciones respecto a la adjudicación irregular de obras por ese organismo a cambio de supuestas comisiones pagadas al PP y centró sus explicaciones en los "errores" que, a su juicio, contienen las querellas del PSOE y el fiscal Anticorrupción.Según los querellantes socialistas, al hacerse el PP con la Diputación gracias al voto de un tránsfuga, Cid Fontán y otros diputados del grupo popular aprovecharon su control de la institución para "beneficiar irregularmente con los fondos públicos a determinados empresarios" y "condicionar en muchos casos tales beneficios al pago de importantes comisiones ilegales en provecho de sus personas o del grupo político al que pertenecían".

El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció que durante la etapa de Cid Fontán "se consolidó un modo de efectuar las adjudicaciones de las obras que no sólo no se ajustaba a la legislación vigente", sino que "prescindía de los trámites legalmente establecidos, limitando deliberadamente la libre concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas". El propósito era "beneficiar a una determinada oferta, incumpliendo de forma sistemática el deber de objetividad e imparcialidad".

Al término de su declaración, que se prolongó durante siete horas en jornadas de mañana y tarde, Cid Fontán replicó ante los medios informativos que el caso Zamora "es una trama urdida por tres señores" de los que ha recibido "todo tipo de injurias y calumnias", y a los que amenazó con acciones legales.

Cid Fontán minimizó las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción indicando que se trataba de "pequeñísimas obras", de "un dos por ciento del presupuesto" en las que, admitió, " pudo existir alguna irregularidad administrativa". "Pero no se puede deducir de ahí todo lo que se ha dicho, ni extraer de miles de expedientes un pequeño grupo para decir que a unos señores se les ha beneficiado", agregó.

"Un fantasma sin un duro"

José María Cid Fontán, hermano del ex presidente de la Diputación, que le asistió como abogado, cargó contra el denunciante del caso, el constructor Eduardo Corrales: "Todo esto es una farsa que han creado unos cuantos mentecatos y el supuesto testigo, el señor Corrales, es un fantasma que apareció por Zamora como perseguido por ETA y que en realidad estaba perseguido por todos los acreedores del mundo, porque no tiene un duro".El magistrado instructor rechazó un intento de la defensa del senador inculpado, Dionisio García Carnero, para sacar el caso del Tribunal Supremo y llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aduciendo que éste había renunciado a su fuero. El instructor explicó que, según la doctrina constitucional, no se puede renunciar voluntariamente al fuero manteniendo la condición de parlamentario.

Martín Pallín también se opuso a paralizar las actuaciones mientras las Cortes tramitan el suplicatorio del senador.