PSOE y CiU presionan en el Congreso para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito
El PSOE y Convergència i Unió presionan para que el Parlamento regule las tarjetas de crédito y débito. Consideran que hay un "vacío legal" sobre este medio de pago de creciente implantación, creen que las comisiones que se cobran son "abusivas", sobre todo las que soporta el pequeño comercio, y defienden que se limiten. Para ello, el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley y CiU una no de ley. El PSOE quiere acelerar la admisión a trámite de su proposición, que detalla una regulación de las tarjetas de crédito y débito. La de CiU sólo insta al Gobierno a regularlas.
Socialistas y CiU parten de las mismas premisas: el elevado y creciente número de tarjetas de crédito y débito que se utilizan en España; su creciente uso como medio de pago, que será aún mayor con la adaptación al euro; las protestas, que ven razonables, del pequeño comercio contra las comisiones por las operaciones con tarjeta, y las quejas de los consumidores por las comisiones por sacar dinero de cajeros distintos al de su banco, en tarjetas de débito, o por obtener efectivo de la tarjeta de crédito. Precisamente, la polémica que ha cobrado con las quejas de los pequeños comerciantes ha dado actualidad a la proposición presentada por el PSOE y ha llevado a que el grupo catalán haya anunciado otra actuación similar ayer mismo.Ambos grupos traducen las tasas de descuento aplicadas en estas operaciones a tipo de interés anual (a tasa anual equivalente) y lo comparan con el interés de mercado. Tal comparación arroja, en todos los casos, una crítica explícita a estas comisiones o tasas de descuento. En el texto de CiU se expone el siguiente ejemplo: "La retirada de dinero en efectivo el día 15 del mes de abril con cargo a una tarjeta de crédito será cargado en cuenta al consumidor o usuario el día 1 de mayo con una comisión del 4% del importe retirado, comisión que equivaldría a la aplicación de un tipo de interés anualizado del 96%". CiU acompaña su proposición no de ley para regular las tarjetas de crédito y débito con otra, también no de ley, que actualice la definición de tipo de interés abusivo -que se remonta a una ley de 1908- y sugiere que éste no supere 2,5 veces el interés legal del dinero. En 1999, ese interés legal es del 4,25% y 2,5 veces ese tipo equivale a un 10,6%.
La proposición de ley del Grupo Socialista también propone limitar las tasas de descuento, después de transformarlas en tasa anual equivalente, a 2,5 veces el tipo de interés legal del dinero. El texto del PSOE pone especial énfasis en la regulación de las comisiones que soportan los comercios cuando sus clientes pagan con tarjeta.
Estudio de Comercio
Según un informe de la Secretaría de Estado de Comercio, estas tasas "se sitúan entre el 0,52% de las grandes superficies de alimentación y el 5,77% de los servicios de masajes y saunas". El informe de Comercio reconoce que la banda de fluctuación de estas tasas es muy amplio (más de cinco puntos entre los más beneficiados y los menos) y "muy superior en amplitud a los países europeos": En la UE va del 0,1% al 2%, con una tasa media del 0,75%, según el PSOE.Comercio matiza que "el 53,2% de las operaciones que se realizan en España en TPV (terminales de puntos de venta) lo hacen con una tasa de descuento entre el 1% y el 3%, el 30% con una tasa inferior al 1%, y tan sólo el 18% con tasas superiores al 3%".
El diputado socialista Juan Manuel Eguiagaray afirma que los pequeños comercios soportan las mayores tasas y los sectores más potentes tienen las más bajas. A su juicio, "hay un abuso de posición dominante" que la norma que propone su grupo intenta paliar permitiendo que el pequeño comercio no negocie individualmente las comisiones con su banco, sino agrupado en asociaciones. Fernando Gimeno, el diputado que más activamente ha participado en la redacción de la proposición socialista, asegura que si su propuesta sale adelante el PSOE defenderá que la banda de fluctuación entre la comisión mínima y máxima para los distintos comercios no supere el medio punto.
Desde el sector argumentan que las comisiones cobradas a los comercios por el pago con tarjeta son mayores cuanto menor es el número de operaciones que se hacen y mayor el riesgo. Para cobrar con tarjeta, los bancos facilitan gratuitamente a los comercios los TPV con los que se realiza la conexión telefónica con el banco del comerciante, el del cliente y la central de la tarjeta de crédito o débito con la que se hace el pago. El coste de esos TPV, de su mantenimiento y de las conexiones telefónicas lo soporta el banco y lo traslada al comerciante como comisiones. Mayores, en principio, cuanto menor es el uso de la TPV.
Coste del servicio
El PSOE mantiene que habría que diferenciar entre el coste de ese servicio y la tasa de descuento, de manera equivalente a como, en todo el sector bancario, se ha producido una bajada generalizada de tipos de interés, acompañada de aumentos en las comisiones por servicios prestados. Esas comisiones, añaden, deberían explicitarse en un folleto que se trasladaría al Banco de España. El diputado Gimeno afirma que en Francia se ha estudiado el coste de las transacciones comerciales con tarjeta y es de sólo 20 pesetas por operación.Los socialistas tampoco están de acuerdo con que el riesgo del pago con tarjeta sea mayor según sectores de actividad. Argumentan que ese riesgo depende de la solvencia del titular de la tarjeta y que ésta es igual si paga en una gasolinera (comisión media del 0,8%) o en una zapatería (del 3,6%). Desde el sector financiero explican una práctica fraudulenta frecuente en los negocios que soportan mayores comisiones: las saunas y masajes y pubs anejos. Con la excusa de que ha habido una caída en la red, hacen un cobro manual al cliente, pero usan la tarjeta para más de una operación. Un justificante quedará firmado por el cliente y otro por un garabato que ese cliente acabará reclamando a su banco, quien finalmente soportará el impago. La venta por teléfono también acusa gran volumen de impagos.
El PSOE quiere que se separe la persecución por estos fraudes de la fijación de comisiones.
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