Comas se despide con un discurso de elogio a su propia tarea y atacando a los ayuntamientos

Como si de un discurso de despedida se tratara, el consejero de Bienestar Social, Antoni Comas, dedicó ayer su intervención de apertura del debate sobre política social a elogiar su labor a lo largo de sus 12 años al frente del departamento y la consideró un "referente" para el resto de España y para "los países más avanzados de Europa". Los grupos de la oposición, incluso el Partido Popular (PP), criticaron con dureza la gestión de Comas y coincidieron en reprocharle sus "vicios propagandísticos", la orientación "asistencialista" de su departamento y su "autismo" ante los ayuntamientos.

Las expectativas se cumplieron: el de ayer fue un debate crispado -la oposición había anunciado el martes duras críticas contra Comas y, en general, a todo el Ejecutivo de Jordi Pujol-, pero al inicio de la sesión fue el propio consejero quien puso los primeros ingredientes para irritar a sus contrincantes. Culpó a la oposición de no haberse celebrado el debate que, dijo, él llevaba pidiendo desde hacía siete años, volvió a echar leña al fuego en la denominada guerra de los geriátricos y echó en cara a los socialistas el haber recortado las prestaciones sociales y el no haber creído en la familia durante la etapa en que estuvieron al frente del Gobierno español. También los ayuntamientos fueron recriminados por Comas, quien les acusó de no haber dedicado los esfuerzos necesarios en las políticas sociales de atención primaria, que son de su competencia. En su discurso, repleto de citas de Tony Blair, el consejero dijo que el Gobierno de Cataluña "ha sabido adaptar y aplicar un conjunto avanzado de políticas sociales y de bienestar que se ajustan a las circunstancias de nuestra época". Admitió que todavía hay déficit, pero, entre ellos, destacó los que son competencia de otras administraciones. Pensiones y jubilación Entre sus propuestas de futuro, destacó la necesidad de revisar el Pacto de Toledo para modificar, "con urgencia y en profundidad", la regulación de las pensiones no contributivas y para flexibilizar la edad de jubilación de los trabajadores, entre otras medidas que deben aprobarse en el Congreso de los diputados. En concreto, se mostró partidario de incrementar el mínimo de la prestación económica no contributiva, ofrecer un apoyo complementario a las personas mayores de 80 años y a los disminuidos que viven solos e incrementar las dotaciones en aquellas comunidades y territorios en los que el coste de la vida sea superior. También propuso crear una "prestación social de dependencia" para aquellas personas discapacitadas que permanecen en su domicilio. Otra de las propuestas que Antoni Comas puso ayer sobre la mesa, el refuerzo a la atención domiciliaria para que la gente mayor pueda envejecer en casa, es competencia de la Administración local, y así lo subrayó con énfasis el consejero durante su intervención. Comas destacó que en los servicios de atención a domicilio "hay un déficit importante". "Estamos entre el 4 y el 8% del gasto que dedican los países más avanzados de Europa", dijo. El titular de Bienestar Social se ofreció a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos y consejos comarcales para universalizar este tipo de servicios y anunció que ha encargado un estudio base a Pilar Malla, ex directora de Cáritas diocesana de Barcelona. Al enumerar su listado de proyectos de futuro, Comas no se abstuvo de poner el dedo en la llaga de una de las confrontaciones más crudas que mantiene con la oposición: la guerra de los geriátricos. Comas negó que haya listas de espera para ingresar en residencias asistidas para la tercera edad de las provincias de Lleida Tarragona y Girona, afirmación que le mereció el calificativo de mentiroso por parte de la diputada del PSC Marina Geli. Añadió Comas que, en los últimos 10 años, el departamento ha incrementado en un 600% (de 3.500 a 22.000 millones) el presupuesto destinado a la tercera edad para la creación de nuevos equipamientos y aseguró que el próximo año no habrá listas de espera en ninguna población catalana, a excepción de la ciudad de Barcelona, e insistió en culpabilizar de ello al Ayuntamiento de Barcelona y al ex alcalde y candidato del PSC a las próximas elecciones autonómicas, Pasqual Maragall. "Nadie puede construir sin tener terrenos cedidos en regla y en condiciones en las que técnicamente es imposible edificar", aseveró.

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