La Sindicatura inicia una investigación sobre el uso de los fondos de formación de parados

Las subvenciones que reciben las academias para la formación de desempleados vuelven a ser motivo de polémica. La Sindicatura de Cuentas, encargada de fiscalizar las cuentas de los organismos públicos en Cataluña, ha iniciado una investigación sobre la gestión de estos fondos. La Sindicatura ha comenzado a fiscalizar el uso que se dio al dinero para formación proveniente del Fondo Social Europeo para este tipo de ayudas. La investigación afecta a la Generalitat, pero también a las diputaciones, los consejos comarcales y los ayuntamientos. El Ministerio de Trabajo ha enviado a la Sindicatura información sobre el dinero para formación transferido por la Unión Europea a estos organismos.

El dinero dedicado por la Generalitat a formación ocupacional en 1997 ascendió a 22.500 millones de pesetas. De momento, la investigación afecta a los años 1995, 1996 y 1997. La labor de la Sindicatura será compleja porque algunos de los receptores de estos fondos los redistribuyeron entre otras instituciones. Fuentes del Departamento de Trabajo confirmaron que personal de la Sindicatura se ha dirigido al departamento para solicitar documentación sobre los últimos años. "Se les ha entregado documentación. Estamos coordinados y no hay problema", aseguraron las fuentes consultadas. Estas fuentes aludieron a una reciente inspección del Fondo Social Europeo sobre las ayudas de 1997 que se ha saldado con un informe que señala que "existe un nivel adecuado de seguimiento y control de las actuaciones de formación ocupacional". El Ministerio de Trabajo debe enviar en breve a la Sindicatura la documentación relativa a los fondos europeos destinados a formación entre los años 1990 y 1994 que completará lo solicitado por los síndicos. La Sindicatura de Cuentas inicia esta investigación tras nuevas denuncias en Girona por supuesta manipulación de datos de asistencia a cursos en el grupo de empresas de Fidel Pallerols (Ceif, Teo y And). La denuncia planteada en la Fiscalía de Barcelona por un antiguo profesor de estos centros dice que le consta que la apoderada Mari Creu Guerrero y Pallerols dieron instrucciones "de que en todos los cursos necesariamente debían constar inscritos o matriculados 15 alumnos", los necesarios para cobrar subvención. Según el denunciante, "a finales de 1996 Guerrero ordenó revisar la documentación porque sabía que la Unión Europea iba a auditar estas empresas. Guerrero, miembro de Unió Democràtica, "ordenó la falsificación de no menos de 30.000 firmas". El "arreglo" se hizo el día de Sant Jordi de 1997 en el ordenador central de Trabajo, según la denuncia "rellenando supuestos cursos con datos que no se ajustaban a la realidad".