Decenas de niños marroquíes son llevados cada día a la fuerza a la frontera de Ceuta

Un pequeño ejército de menores marroquíes sin nombre ni domicilio deambula por las calles de Ceuta. Estos niños -cerca de un millar- se han convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades locales, sobre las que pesa una querella por supuesta detención ilegal y prevaricación. Decenas de ellos son capturados cada día y entregados a la policía marroquí, que a su vez los detiene y libera para que regresen a Ceuta. El vaivén no es delito en Marruecos, pero puede serlo en España: la Ley de Protección del Menor obliga a acoger a cualquier niño desamparado que pise territorio nacional.

Tres agentes de la Policía Local de Ceuta han denunciado ante la fiscalía de Cádiz que estos traslados forzosos de menores hasta la frontera constituyen una práctica habitual en Ceuta. Según el testimonio de Manuel Navia, Juan Luis Ramos y Antonio Espinosa, la policía autonómica y agentes parapoliciales contratados por el Ayuntamiento detienen diariamente a decenas de menores indocumentados; los trasladan hasta un garage y son conducidos en furgón, mezclados con los adultos, hasta el paso fronterizo de El Tarajal. Allí son entregados, previa firma de un documento que reconoce, paradójicamente, su condición de "desvalidos". La policía marroquí vuelve a detenerlos. En cuanto quedan libres cruzan otra vez hacia España, agazapados entre los coches, reptando por las alcantarillas o corriendo en pandillas de 20 o 30. Y así una y otra vez, como en un juego de pìng-pong en el que ellos son la pelota que nadie quiere. "Siempre son los mismos chicos, unos 300 o 400", comenta el delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, que acaba de firmar un convenio con dos ONG para auxiliar a estos menores. Después de la denuncia, los policías fueron destinados a custodiar el cementerio. La suspensión de empleo y sueldo que vino después les obliga a malvivir de un seguro (Espinosa), como camarero (Ramos) o de la peluquería de su mujer (Navia). Pero su testimonio ha servido para que cinco ONG hayan presentado una querella contra los cuerpos de seguridad, la delegación del Gobierno y los responsables gubernativos de la Ciudad Autónoma de Ceuta por los presuntos delitos de prevaricación y secuestro. La demanda, defendida por los abogados Juan Domingo Valdenero y Gonzalo Martínez-Fresneda, recuerda que la Ley de Protección Jurídica del Menor obliga a los poderes públicos a garantizar a los niños desamparados -sin familia que les proteja- atención jurídica, sanitaria y educativa mientras contactan con sus familias. La ley autoriza su repatriación sólo si se comprueba que la vuelta a casa resulta beneficiosa para ellos.Omar, de 14 años, y cuatro de sus amigos que aún no han cumplido los 12 miran asombrados a los periodistas cuando se les pregunta si la policía ha tratado de averiguar sus nombres o el de sus familias, o si se les ha facilitado cobijo en algún centro oficial. Parecen más preocupados por apilar los cartones que habrán de resguardarles durante la noche. Han buscado un rincón protegido del frío, próximo a una gasolinera y a amplias calles por las que salir corriendo si se presenta la policía. Visten pantalones y jerseys desajustados: o les cuelgan o no abrochan. Alí, Mohamed, Omar, Mustafá y Habib -así dicen llamarse, aunque después reconocen que se han inventado los nombres- cuentan historias de familias rotas por fallecimientos o abandonos, madres dedicadas al contrabando y padres que paran poco por casa. "Mi papá está embrujado y no puede trabajar", comenta uno. Todos recuerdan muchos hermanos y poca comida. Han llegado desde la provincia de Tetuán (Marruecos) y se enorgullecen de conocer mil trucos para "buscarse la vida" en España, una de las pocas expresiones que conocen del castellano.

"Buenos días", saludan a las doce de la noche. Dicen que han aprendido español en los dos años que llevan viviendo en las calles de Ceuta. Pero sólo pronuncian el nombre de Juan, un policía que les da bocadillos en las numerosas ocasiones en que son detenidos, y las palabras "por favor" al extender la la mano en busca de limosna.

La comida, al menos al mediodía, la tienen asegurada en la parroquia de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Cuando no alcanza para todos, acuden a la barriada de El Príncipe, al domicilio de una española que cumple el mandato coránico de la caridad con estos pequeños indigentes. El resto del día se dedican a mendigar y rebuscar entre la chatarra. Algunos, asegura la policía, se han especializado en romper las ventanillas de los coches para robar las herramientas o el paquete de cigarrillos. Más de un conductor ha dejado puestas las llaves en el contacto y las ha encontrado después esparcidas por el asiento: a los niños sólo les interesaba el llavero. Ceuta registra, según un portavoz policial, el 20% más de pequeños hurtos que el resto de España, el 40% cometidos por menores. Dentro o fuera de la ley, estos niños suelen juntar entre 500 y 1.000 pesetas al día, el doble del jornal diario de un albañil o un pescador de bajura de Marruecos. Por eso no quieren regresar a Marruecos. "Nosotros vivimos aquí", corean los cinco. "En la calle, en cualquier parte. Es nuestra casa".

Una casa que no se les reconoce en Ceuta. La memoria de la Policía Local admite cerca de 1.500 traslados anuales de menores. Argumentan -junto con su abogado, José María Stampa Brown- que no están desamparados, puesto que tienen familia en Marruecos. Sin embargo, cada día puede verse a estos niños vagar solos por la frontera o dormir, igual de solos, en los sótanos del edificio de la Gran Vía que separa las viviendas del alcalde y del jefe de la Policía Local, o acurrucados como cangrejos entre las rocas de la escollera.

Los menores que conversaron con este periódico reconocieron, todos menos uno, que añoran a sus familias. Alí les visitaba un par de veces al año. Otro, después del Ramadán. El pequeño que guardaba quién sabe qué secreto dijo no querer ver más a sus padres. Lo que le interesaba realmente, a él y a los otros, era juntarse con otras pandillas, jugar al gato y al ratón con la policía de dos países y caer exhaustos sobre los cartones al anochecer. Es su manera de vivir. Un día igual al anterior, y probablemente idéntico al siguiente. Al menos, hasta que el juez de instrucción de Cádiz se pronuncie sobre la querella.