Francia debate una reforma de la Justicia que quita poder a los jueces de instrucción

Con la excepción de los implicados en casos de terrorismo, narcotráfico y criminalidad organizada, los detenidos en Francia dispondrán de un abogado desde el momento mismo del arresto, y su encarcelamiento preventivo será decidido por un juez distinto al que instruya la causa. Los parlamentarios franceses, que debaten estos días el proyecto de reforma judicial del apartado de "la presunción de inocencia", parecen decididos a poner coto al hábito de no pocos magistrados de servirse del encarcelamiento de los sospechosos para forzarlos a colaborar con la Justicia.

El debate, seguido con atención por una judicatura francesa temerosa de ver recortados sus poderes, acapara por partida doble la atención de los medios de comunicación, advertidos de que parte de la clase política busca ajustarles las cuentas y colocarles la mordaza.En contradicción aparente con las reformas emprendidas por el Gobierno socialista de Lionel Jospin, medidas como la creación del Consejo Superior de la Magistratura, destinada a romper el cordón umbilical que ligaba a las altas instancias de la Judicatura con el Ejecutivo, el texto pretende reducir el margen de maniobra del juez instructor, "el hombre más poderoso de Francia", en expresión de Napoleón, y forzarle a una mayor transparencia.

La quiebra de la impunidad de que ha disfrutado tradicionalmente la clase política francesa -el procesamiento del presidente del Consejo Constitucional, Roland Dumas, es el último ejemplo de la caída de esa élite acostumbrada a situarse por encima del bien y del mal- es el telón de fondo de ese propósito político de acotar los poderes judiciales. Es un objetivo que, en muchos casos, va de la mano de la intención indisimulada de acabar con los "excesos" de la prensa.

A expensas de las modificaciones que introduzca la Asamblea, el proyecto de ley presentado por la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, trata de reforzar la presunción de inocencia, un principio minado por el viejo procedimiento penal que, pese a las sucesivas reformas, más de una decena en los últimos 30 años, sigue conservando un marcado carácter inquisitorial.

Además de privar al juez instructor de la decisión sobre el encarcelamiento preventivo, lo que dará lugar al nombramiento de unos 170 nuevos puestos de magistrados, el proyecto prohíbe la detención provisional en los casos en los que los delitos contra la propiedad entrañen una pena inferior a los tres meses de cárcel y los perpetrados contra las personas sean castigados con menos de dos años de prisión.

La aplicación generalizada del procesamiento, exigida por la ley a partir de las convergencias de determinados elementos, va a ser reformada para que se faculte a los magistrados a adjudicar temporalmente a determinados sospechosos la condición de "testigo asistido" con idénticos derechos de acceso al sumario.

Según el proyecto, actualmente en discusión, los procesados podrán reclamar a los jueces instructores todas las "diligencias que consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad" e interrogarle sobre la duración previsible de su investigación.

El proyecto incluye multas de hasta 100.000 francos (2,5 millones de pesetas) por la publicación de imágenes de personas esposadas o inmovilizadas por la policía y la difusión de sondeos sobre la culpabilidad de las personas. Prohíbe igualmente revelar la identidad de las víctimas menores, así como la publicación de fotografías sobre los crímenes y delitos en los casos en que la reproducción de esas imágenes suponga "un atentado contra la dignidad de la víctima".

Los escándalos aireados por los medios de comunicación en los últimos años -una treintena de ex ministros franceses y un centenar de diputados y alcaldes se han visto involucrados en asuntos judiciales- han generado en parte la clase política un resentimiento que se expresa en las enmiendas interpuestas, tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Pese a la disconformidad del Ejecutivo, la Comisión de Leyes de la Asamblea ha adoptado una enmienda que sanciona la publicación de artículos en los que se considere la "posible culpabilidad" de tal o cual persona. Actualmente, el instructor puede ordenar la publicación de un texto aclaratorio cuando los medios informativos presentan como "culpable" a una persona procesada.

La enmienda, que modifica el artículo 9.1 de Código Civil, es juzgada por los medios informativos como un ataque en toda regla a la libertad de expresión en la medida en que, si prospera, impediría escribir sobre los escándalos.