El PP gallego rechaza reformas legislativas contra el clientelismo

El PP gallego sigue mirando para otro lado ante las constantes denuncias de sus adversarios sobre el enchufismo laboral en las instituciones que gobierna y el reparto de fondos públicos supuestamente con criterios de clientelismo. La mayoría popular en el Parlamento gallego rechazó ayer una propuesta conjunta de la oposición para acometer reformas legislativas que garanticen la transparencia y la igualdad de oportunidades en los concursos públicos y el reparto de ayudas e inversiones de la Xunta.Los populares ya se habían opuesto el pasado martes a una propuesta socialista para que la Xunta investigara las pruebas de acceso a la Diputación de Ourense, cuyos puestos de trabajo están siendo copados por familiares directos de dirigentes del PP. Inasequible a cualquier estrategia opositora, el partido de Manuel Fraga había vetado también la pasada semana otra proposición para que los miembros de los tribunales de las oposiciones se designen por sorteo.

El BNG, el PSOE y Esquerda de Galicia (EdeG) volvieron ayer a la carga con una iniciativa elaborada a partir de las sugerencias del Foro Luzes de Galicia, un colectivo de intelectuales, profesores y artistas que se han unido para combatir "la perversión de la democracia" que, a su juicio, perpetra el PP por el uso continuado de prácticas de clientelismo.

El PP no sólo rechazó todas las propuestas sin presentar una sola enmienda, sino que se afanó por quitar importancia al debate designando para defender su postura a una diputada con poco protagonismo público, Elisa Madarro, quien intervino una sola vez y ni se molestó en responder a las réplicas.

La oposición proponía regular por ley los criterios para el reparto de subvenciones públicas a fin de garantizar la "objetividad" en su concesión. La idea era que las ayudas a empresas quedasen fijadas en los presupuestos y no pudieran ser modificadas sin autorización previa del Parlamento; que se suprimiesen algunas de las numerosas fundaciones y sociedades de capital público creadas por el Gobierno de Fraga y cuya gestión no es fiscalizada por la Cámara, y que la Xunta se comprometiese a presentar anualmente una auditoría sobre las cuentas de tales empresas.