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La Junta de Personal denuncia registros en Industria

La Junta de Personal del Ministerio de Industria, integrada por representantes sindicales, ha dirigido un comunicado al subsecretario de Industria y Energía, Carlos González-Bueno, en el que denuncia registros en dependencias del Ministerio, así como la "requisa de algunos expedientes administrativos" a un funcionario en concreto, en lo que califica de "conculcación grave de los derechos y libertades que le corresponden como representante sindical y funcionario".Aunque la comunicación no alude a fechas concretas, fuentes sindicales del departamento que dirige Josep Piqué aseguran que los registros y exámenes de ordenadores y de documentos se iniciaron a raíz de las informaciones de prensa que detallaban actuaciones presuntamente irregulares en la concesión de subvenciones con cargo a los fondos mineros.

El objetivo de los registros, según las mismas fuentes, era localizar el origen de los datos sobre las presuntas irregularidades en Industria.

La Junta de Personal acusa directamente a la directora general de Minas, Paloma Sendín de Cáceres, de haber llevado a cabo, personalmente y en compañía de otros altos cargos de Industria, el registro del despacho del funcionario A. R. A., miembro electo de la Junta.

Todos los documentos

"Dicha actuación", explica la carta que firma el presidente de la Junta, Pedro Mora, "se concretó en el examen de todos los documentos que había en el mencionado despacho pese a la advertencia de que algunos tenían carácter personal y muchos se referían a su labor [del funcionario] sindical"."El registro se ha efectuado con exceso de las competencias atribuidas a la directora general, prescindiendo de todas las garantías para el funcionario, sin el mínimo respeto a su intimidad y dignidad, sin la participación de la representación legal de los trabajadores y sin justificar su necesidad para la Administración Pública".

Por todo ello, la Junta de Personal exige "que se ofrezcan disculpas al funcionario afectado" por los registros, que se adopten medidas para que no se vuelvan a repetir hechos similares y que se exijan responsabilidades a los responsables de los registros.

Las contundentes medidas llevadas a cabo por la directora general de Minas, Paloma Sendín, guardan también relación, según fuentes de la Junta, con los documentos publicados en la prensa, firmados por la propia directora, en los que ésta "orientaba" sobre las decisiones que debía adoptar la comisión evaluadora del Ministerio de Industria respecto a determinadas solicitudes de subvención.

Las fuentes consultadas no descartan que, al margen de la comunicación de protesta enviada por la Junta de Personal, se adopten medidas legales.

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