¡Dimite un concejal!

EL CONCEJAL del Ayuntamiento de Madrid Enrique Villoria, militante del Partido Popular, no ha podido o no ha querido resistir la presión suscitada por el descubrimiento de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones municipales y anunció ayer la dimisión de su cargo. Sobre el dimitido concejal Villoria -más de 25 años con cargos municipales, ex procurador en las Cortes franquistas por el tercio familiar- pesan las sospechas de haber utilizado su cargo para realizar contratos municipales con una empresa de su propiedad (Denver Europa, SA), de vulnerar preceptos legales al registrar ese negocio y de favorecer con contratos públicos a sus amigos. Villoria no ha refutado satisfactoriamente tales acusaciones; y de alguna de sus aclaraciones, como aquella tan pintoresca de que no había citado su empresa en el registro de intereses porque era como "una mercería en Vallecas", parece desprenderse que tiene dificultades para distinguir la ética de la cifra de facturación.La dimisión de Villoria es un buen ejemplo de cómo está enfocando el PP la larga cascada de acusaciones de corrupción contra sus cargos públicos. En vez de responder con investigaciones oficiales inmediatas y abiertas para sustanciar si las acusaciones tienen fundamento real y disipar cualquier sospecha -como predicó ese partido cuando estuvo en la oposición-, tanto el alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, como el propio concejal en entredicho se han dedicado a autojustificarse con una supuesta "cacería electoral" promovida desde la oposición y a negar las acusaciones, con independencia de las evidencias. Todavía ayer, Manzano explicaba la dimisión de su concejal por la "poca objetividad de las informaciones", como si los medios fueran responsables de los negocios de Villoria; y éste se quejaba de las "insinuaciones y medias verdades" de la prensa al hablar de su empresa y de sus negocios con el Ayuntamiento.

Aunque la dimisión parezca una decisión coherente, y en todo caso sea una respuesta loable, ni Manzano ni Villoria -ni otros altos cargos del PP- parecen admitir que hay responsabilidades políticas a las que hay que hacer frente cuando aparecen sospechas fundadas sobre la gestión de un servidor público, sobre todo cuando gestiona unos 60.000 millones anuales, y que la negación sistemática de las acusaciones no basta para cancelarlas. Tampoco bastará en este caso la investigación ordenada por el alcalde, que pide a la comisión de Obras que examine algunas de las adjudicaciones de Villoria. Se trata, como puede apreciarse, de bloquear una investigación seria con un examen rutinario y sesgado, una maniobra similar a la practicada en el Congreso al sustituir una comisión de investigación sobre el caso Piqué por una subcomisión de análisis de las subvenciones. La investigación ha de ser exhaustiva y abierta, y sus conclusiones deben ser públicas. El caso Villoria sólo estará cerrado cuando se cumplan tales condiciones.