Los epidemiólogos dicen que el actual sistema de vigilancia de la hepatitis C es "insuficiente". El plan de choque y la privada

El secreto sumarial limitó ayer en gran medida la declaración de los epidemiólogos citados por la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas derivadas del brote de hepatitis C detectado en Valencia. Los comparecientes, co-directores del estudio epidemiológico entregado al juez el pasado mes de octubre, dejaron sin respuesta muchas preguntas de los diputados, aunque sí se refirieron al sistema de vigilancia epidemiológica, que calificaron de "insuficiente" en el caso de la hepatitis C, una enfermedad que no presenta síntomas en el 70% de los casos, lo que dificulta su diagnóstico. "No se puede vigilar sobre la notificación individualizada de casos", afirmaron.

Tanto Ferran Martínez, jefe del área de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, como Hermelinda Vanaclocha, jefa del servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, esgrimieron sendas advertencias de la Abogacía del Estado y del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia sobre las consecuencias de revelar datos sujetos a secreto sumarial, lo que dejó sin respuesta muchas de las preguntas de los grupos parlamentarios en relación al estudio epidemiológico dirigido por ellos. No obstante, ambos se refirieron al sistema de vigilancia epidemiológica que en el caso de la hepatitis C no resulta suficiente, ya que el tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de síntomas es muy largo, lo que dificulta su detección. "La hepatitis C no se puede vigilar [como ocurre en la actualidad] sobre la base de la notificación individualizada de casos", señaló Ferran Martínez, quien se refirió a los nuevos sistemas de vigilancia que estudia implantar la Unión Europea, como las encuestas sero-epidemiológicas. Notificación tardía Precisamente, uno de los problemas del sistema actual es la infradeclaración de casos. En este sentido, Vanaclocha agregó que al tratarse de una enfermedad asintomática, los médicos no pueden sospechar, y si ellos no declaran, es difícil conocer la existencia de casos. La jefa del servicio de Epidemiología reiteró que fue el 20 de marzo de 1998 cuando la consejería recibió un escrito del médico de Iberdrola (Manuel Beltrán) que hablaba de la posible existencia de un brote. Tres días después se recibía un informe de esterilización de la clínica Casa de Salud e información sobre varios casos de hepatitis C, y el día 25 de marzo llegaba otro escrito del doctor Ramón Bordería que citaba como común denominador a un anestesista. Vanaclocha lamentó que la notificación no se hiciera de forma urgente, pese a que algunos médicos sabían de la existencia de casos desde enero de ese año. Agregó que antes del 20 de marzo la prevalencia de la enfermedad era similar en todos los hospitales, y que a partir de esa fecha, miles de personas se realizaron analíticas aún sin tener sintomatología. Respecto del diagnóstico añadió que habrá que buscar una nueva herramienta de trabajo, ya que la notificación no es útil: "No se conoce lo suficiente la hepatitis C, es un reto para la vigilancia epidemiológica".Aún conociendo que muchas de su preguntas quedarían sin respuesta, los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición formularon ayer numerosas preguntas a los epidemiólogos, algunas de ellas centradas en el plan de choque contra las listas de espera y en la compatibilidad entre sanidad pública y privada. Los diputados querían saber si había más riesgo de infección en la Casa de Salud que en La Fe, si la política de compatibilidades pudo influir en el brote, si los hospitales privados cumplen los mismos requisitos que los públicos para operar y si la distribución de casos de hepatitis C en el tiempo fue homegénea o hubo algún pico importante. A título personal, tanto Martínez como Vanaclocha defendieron la dedicación exclusiva y la necesidad de regular las compatibilidades y señalaron que todos los centros sanitarios deben cumplir iguales requisitos. El PP quiso saber si los expertos habían recibido coacciones o si la consejería ayudó a estudiar el brote. Respondieron que no hubo cortapisas.