Fusión controlada
LAS CAJAS de ahorro españolas han iniciado una dinámica de fusiones que parece augurar una concentración sin precedentes en el sistema financiero y cuya conclusión aparentemente lógica podría ser la definición de una sola caja por cada comunidad autónoma. Los movimientos de fusión puntean casi todo el país y desvelan además los potenciales conflictos políticos que surgen en torno a las cajas de ahorro cuando se plantean cuestiones de fondo, como son la propiedad o el control de las inversiones. Manuel Chaves, presidente de Andalucía, patrocina la idea de una sola caja en su región, pero los responsables de cinco de las seis que existen en la zona se oponen a la fusión; en Galicia, tras no pocos problemas, se han unido las de Vigo, Ourense y Pontevedra en una sola, también bajo el patrocinio de la Xunta; el Gobierno vasco está impulsando una fusión de la BBK vizcaína, la Kutxa guipuzcoana y la Vital alavesa; las de Navarra y Pamplona lo harán el 15 de mayo; y la Junta extremeña también defiende el matrimonio de las dos cajas de la Comunidad, Caja Extremadura y Caja Badajoz.Esta tendencia a la unión, estimulada por el Banco de España, es un movimiento racional al que cabe oponer pocos argumentos. Responde a las necesidades de un sector maduro, con márgenes de rentabilidad a la baja, con un gran número de entidades en cada región y en el que ha cambiado radicalmente el tamaño mínimo necesario para competir. En términos estrictamente económicos, el aumento de tamaño de las cajas -que representan, no se olvide, el 50% del sistema financiero español- y lo que se espera ya que sea su siguiente movimiento, que es la fusión entre entidades de distintas regiones, es una necesidad ineluctable cuando los clientes requieren servicios globales, universales, suministrados por entidades eficientes.
Pero la tendencia a las fusiones promovida desde instancias políticas, aun cuando las autoridades regionales disponen de potestad para hacerlo, no puede ser un proceso asilvestrado y dirigido solamente por los intereses de éstas; de igual forma que la oposición al mismo no debería ampararse exclusivamente en la renuncia a dejar el cargo de quienes ocupan órganos de decisión. Desde el mayor acuerdo político posible, hay que avanzar sin dilación en la definición de las condiciones de fusión y supervisión de cajas de distintas comunidades autónomas, cuando éstas estén técnicamente fundamentadas. La singular estructura de propiedad de las cajas -en cuyos consejos se sientan representantes de diputaciones, ayuntamientos o autonomías, por ejemplo- no debería ser un obstáculo para ejecutar las decisiones estratégicas que sean necesarias. Éstas tienen que ampararse en el rigor técnico y eludir las tentaciones, en las que ya han caído algunas autoridades autonómicas, de utilizar las inversiones de las cajas como brazo armado del Gobierno regional correspondiente, vulnerando así los criterios de rentabilidad e independencia que deben presidir las instituciones financieras.
