Inversión pública y gestión privada

La propuesta de las cuatro instituciones económicas catalanas más representativas, la Cámara de Comercio de Barcelona, Fomento del Trabajo, el Círculo de Economía y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), destinada a potenciar las infraestructuras viarias y los equipamientos industriales, ha llegado esta semana al despacho del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Las instituciones económicas, autodenominadas Grupo Técnico de Infraestructuras (GTI-4), proponen reforzar cinco grandes áreas, cuyos déficit y soluciones caracterizan en el documento Dotació, finançament, gestió d"infrastructures de transport i activitat econòmica a Catalunya. La primera de estas áreas es el aeropuerto de Barcelona,donde las instituciones proponen reforzar la gestión privada con una sociedad mixta con participación de la Cámara de Comercio. El segundo escenario en transformación es el puerto marítimo, pendiente de culminar una ampliación que exige acelerar el llamado Plan Delta (desvío del Llobregat) y la conexión ferroviaria de ancho internacional entre Barcelona y la frontera francesa. El conjunto de la red ferroviaria catalana constituye el tercer gran objetivo, marcado básicamente por la alta velocidad y su puesta a punto conjugando los largos recorridos y los trayectos regionales de grandes prestaciones, lo cual liberaría las atascadas vías convencionales. El documento de las instituciones acentúa la actual ausencia de modelo en la red viaria catalana. Es la cuarta gran área de trabajo y la que exige más urgentes soluciones. "Los presupuestos públicos no se deben utilizar para rescatar concesiones, sino para hacer nuevas infraestructuras", señala el informe del GTI-4. El mismo apartado se refiere a la carga fiscal que soportan los ciudadanos catalanes por el uso de la red de autopistas: "El Estado ha de dejar de hacer negocio con las autopistas ya que los ciudadanos no han de pagar ningún impuesto para utilizarlas. Ni IVA, ni impuesto de sociedades, ni impuesto sobre bienes inmuebles". Al margen del tratamiento de las autopistas catalanas, este punto presenta varias medidas concretas de aplicación inmediata, como el desdoblamiento limitado de la N-340 entre Barcelona y Tarragona, y la construcción del cuarto cinturón, especialmente en el tramo Manresa-Martorell, cuya ejecución corresponde al Ministerio de Fomento. Finalmente, el quinto apartado del documento del GTI-4 hace un llamamiento a la participación privada en la financiación y gestión de las infraestructuras de transporte. Las instituciones empresariales piden un presupuesto único para mejorar los déficit apuntados y la creación de una autoridad gestionaria única. Asimismo reclaman una nueva instancia no sujeta a los designios de cada una de las administraciones competentes en las zonas afectadas por las mejoras emprendidas. Tanto los empresarios, representados por Fomento y la Cámara de Comercio, como los consumidores, representados por el RACC y su medio millón de socios, piden que esta autoridad gestionaria funcione en la práctica al margen de la Administración -sea local, autonómica o estatal-, es decir, que reproduzca el esquema de ventanilla única, dotada de una legitimidad nacida de las urgencias económicas y no de los sufragios políticos. El contenido del documento fue conocido por Jordi Pujol el pasado lunes en el curso de una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat, donde recibió a los cuatro presidentes de las instituciones: Antoni Negre (Cámara de Comercio), Pedro Fontana (Círculo de Economía), Juan Rosell (Fomento) y Sebastià Salvadó (RACC). Medios del Departamento de Presidencia de la Generalitat han destacado posteriormente que la propuesta resulta bastante obvia dada la evidencia de la mayor parte de los déficit de infraestructuras descubiertos por el equipo de expertos que han elaborado el documento bajo de coordinación de los catedráticos Martí Perella, Alejandro Pedrós y Teresa García-Millà; el jefe de programación del Departamento de Economía de la Generalitat, Salvador Maluquer, y los ingenieros Joan Rojas y Alfonso Rodríguez. La decisión de realizar una investigación sobre el estado actual de las infraestructuras en Cataluña fue adoptada por las instituciones del GTI-4 a principios de este año (véase EL PAÍS del pasado 4 de enero). Con aquel primer gesto, la Cámara y Fomento del Trabajo, especialmente, respondían a las exigencias de sus bases -el entramado del tejido industrial-, muy sensibilizadas por el problema del déficit fiscal catalán. Posteriormente, el calendario preelectoral, muy marcado últimamente por la presentación del pacto fiscal de CiU, ha desbordado aquel primer paso de las instituciones. El ritmo político ha desplazado a los empresarios de la cabecera de la protesta contra del agravio de que es objeto la economía catalana por un sistema de financiación que penaliza la inversión del Estado. Ahora las instituciones empresariales tienen una segunda oportunidad: será dentro de unos días, en la presentación del documento del GTI-4 a José María Aznar en La Moncloa.