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Vizcaya reabre la "guerra" contra la Sección de lo Contencioso que ha impugnado sus decisiones

La Diputación de Vizcaya reabrió ayer la guerra contra una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del País Vasco, que ha impugnado en el pasado varias de sus decisiones. El consejo de gobierno foral ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJPV) que abra una inspección ante la "comisión de graves irregularidades" por la Sección Tercera, a la que acusa de transgredir el principio de separación de poderes e inmiscuirse en competencias propias de la Diputación. El presidente de las tres secciones de lo Contencioso ha convocado para hoy un pleno.

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La institución vizcaína se basa para sus acusaciones en cuatro casos concretos: las sentencias contrarias sobre la polémica contratación de 1981 de 143 personas, una oferta de empleo en 1993 que afectaba a 82 empleados, sobre tres sanciones a funcionarios forales y un expediente abierto a una letrada de la Diputación. En ellos todos ellos la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, que preside el magistrado Juan Luis Ibarra, falló que la institución foral no actuó conforme a derecho. A lo largo de más de medio centenar de folios, la Diputación desgrana lo que considera "comisión de graves irregularidades" de este órgano judicial, al que reprocha "haber generado un contexto, a lo largo de más de una década, de un continuo cercenar las potestades, prerrogativas y el curso de las funciones" del ente foral. La política de personal en la Diputación vizcaína ha sido motivo continuo de conflicto a lo largo de la década. Salvo la oferta de puestos de inspectores y bomberos del pasado año, no existe una OPE (oferta pública de empleo) que no haya sido recurrida, al igual que las relaciones de puestos de trabajo, el instrumento que fija y organiza las plantillas de las instituciones públicas y determina su estructura funcional. La Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, sobre la que han recaído los distintos recursos contra la Diputación interpuestos por trabajadores, ha ido manifestando la nulidad de las actuaciones forales en su política de personal, mientras que la Diputación ha acusado a este tribunal de colocarle en situación de inseguridad jurídica y ha sugerido que actuaba por intereses políticos. En el escrito dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco, el ente foral considera que dicho tribunal de lo Contencioso ha llevado una "línea jurisprudencial sumamente errática, críptica e ininterrumpidamente sesgada y empañada de posiciones y convicciones políticas arraigadas desde hace varios años, inmiscuyéndose de forma alegal en el terreno de la competencia ejecutiva que le es propia en exclusiva a esta institución foral". "Entendemos", prosigue, "[que] se han transgredido los límites de la separación de poderes, invadiendo la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo los límites que le son propios y exclusivos a esta institución foral en el campo de lo político". El diputado de Presidencia, José Luis Bilbao, fue quien, con tono solemne y exposición pausada, explicó el acuerdo adoptado en el consejo de gobierno ayer, con el apoyo unánime de los diputados forales del PNV y PSE-EE. "Lo que hacemos es poner los hechos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que lo vea y compruebe la veracidad. Y que sea la Sala de Gobierno, o [el órgano] en que ella delegue, quien entre en este tipo de cuestiones". Bilbao añadió que la Diputación adoptaba esta decisión y no otra "porque entendemos que es muy grave realizar una denuncia por prevaricación contra un magistrado". "No ha empezado ayer" El diputado de Presidencia valoró que el acuerdo, que incluye otra denuncia ante el juzgado de guardia por la actuación reciente del tribunal en la contratación de 1981, es el colofón de un largo proceso. "Esto no ha empezado ayer. Ha habido varios diputados generales y de Presidencia", dijo para rechazar que sea una cuestión personal entre él y el magistrado Ibarra. "Ha llegado el momento de decir, como en el casino: no va más. Y nos ha tocado a los que estamos ahora aquí". La actuación de la Diputación ya ha suscitado la reacción en el Tribunal Superior de Justicia. El presidente de las tres secciones de lo Contencioso Administrativo ha convocado hoy a todos los magistrados a un pleno para abordar las graves acusaciones. Fuentes de la Sección Tercera consideraron ayer que el documento foral "está condenado al fracaso, si lo que plantea es una inspección de la línea jurisdiccional de este tribunal". Según argumentaron, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior carece de competencias en este ámbito. "Lo que se pide es una inspección extraordinaria y esto sólo lo puede hacer el Consejo General de Poder Judicial", el máximo órgano de la judicatura. Estos medios recordaron el último conflicto con la Diputación, cuando el Poder Judicial ya estableció que carece de competencias para controlar las decisiones jurisdiccionales. "Ésta es la base de la independencia judicial: que un órgano judicial no pueda meterse en la línea jurisdiccional". Además, rechazaron el incumplimiento del principio de separación de poderes. "La potestad de ejecutar lo juzgado en el ámbito de lo contencioso-administrativo es estrictamente judicial y no administrativa, como dice el artículo 117 de la Constitución".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de marzo de 1999

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