La Junta desoye a Trabajo y deja el futuro de la subida de las pensiones en manos del Constitucional
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer, en el último día de plazo, rechazar el requerimiento del Ejecutivo central para que anule las ayudas complementarias a las pensiones no contributivas de 107.500 andaluces, que ya han cobrado una paga extra de 9.395 pesetas. La Junta decidió adelantar este abono a marzo -aunque en principio se marcó en julio y luego, en abril-, por un "ajuste de gestión", según el portavoz del Gobierno autonómico, Rafael Camacho. Sin embargo, la decisión supone un paso más en la presión que ejerce la Junta sobre el Ministerio de Trabajo, ya que cuando éste plantee el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional los 1.010 millones previstos para este concepto estarán en las cuentas de los jubilados.
El Gobierno andaluz se esforzó ayer en presentar el rechazo al requerimiento como una cuestión de rutina. De hecho, a la conferencia de prensa posterior al Consejo acudió el consejero Paulino Plata, quien detalló exhaustivamente los efectos, para la agricultura andaluza, del principio de acuerdo alcanzado por los ministros de Agricultura de la UE, aunque sus conclusiones -y datos- los había dado a conocer el día anterior en Almería. El portavoz insistió en que el hecho de que se adelantara el pago del complemento de la pensión no contributiva "no tiene relación" con el hecho de que se cumpliera el plazo de la orden del Ministerio de Trabajo. No obstante, el domingo pasado el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, describió el anticipo como "la convicción definitiva de no aceptar el requerimiento del Gobierno de no pagar". El Gobierno andaluz ocultó en su referencia oficial del martes pasado la aprobación de un decreto (la norma de mayor rango que maneja un ejecutivo), que modifica otro anterior del 29 de diciembre, en el que se establece que la cuantía de las ayudas a las pensiones no contributivas se "abonarán mediante un pago único". Esta decisión política ya era conocida, pero no estaba contemplada en el decreto ahora modificado, en el que se establecía que el abono se haría cada trimestre. El decreto entró en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el pasado día 11. El portavoz negó que se tapara la información y dijo que no se publicitó por carecer de "relevancia informativa y política". No obstante, el adelanto del pago no es baladí y el propio portavoz reconoció que una vez abonado "ya no está en manos de la Junta de Andalucía el futuro" de esas cantidades. ¿Qué ocurrirá con ese dinero si el Constitucional da la razón al Ministerio de Trabajo? "Habrá que esperar a la sentencia y a que se ejecute", dijo. Camacho se mostró convencido de que la demanda del Gobierno central irá al "descalabro" jurídico y político. Sus palabras fueron apoyadas por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien expresó su "tranquilidad" por la decisión de su Gobierno, "intocable" jurídicamente, dijo, según informa Esther Rodríguez. La Junta esgrime el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, el 14 de la ley andaluza de Servicios Sociales y la jurisprudencia del Constitucional. El dirigente socialista quitó hierro al conflicto de competencias -"es una cortina de humo", dijo- e insistió en que "el problema de fondo" consiste en abrir un debate nacional sobre el incremento de las pensiones más bajas. El portavoz del PP, Antonio Sanz, calificó el adelanto del pago como un acto de "provocación y de chulería", que incide en el "error político" que, a su juicio, supone el rechazo del requerimiento del Gobierno central. El nuevo decreto, según Sanz, avala que se trata de una medida "electoralista" que pone en peligro el Pacto de Toledo. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, dijo ayer que continuará adelante con la decisión de recurrir y afirmó que "el Gobierno no puede permanecer pasivo" ante la acción de la Junta.
