El Supremo rechaza que sus magistrados se reúnan en asamblea
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha rechazado dar luz verde a las reuniones de los magistrados del alto tribunal en el Palacio de Justicia, que habían sido aprobadas con los votos favorables de 66 jueces, es decir, de dos tercios de los integrantes del tribunal. La mencionada Sala justifica su negativa en que carece de competencias para regular este tipo de encuentros, que sus promotores denominan "plenarios". El último, el pasado 26 de enero, causó una fuerte alarma en el Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a interpretar que la asamblea celebrada el pasado 26 de enero, a la que asistieron 51 magistrados con 16 delegaciones de voto, pretendía la creación de una estructura orientada a suplantar al órgano de gobierno de los jueces.Los magistrados convocantes hicieron llegar días después, el 28 del mismo mes, al presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, un escrito de cinco puntos en el que sometían a la aprobación de la Sala de Gobierno los extremos debatidos en ese encuentro.
Es a este escrito al que ayer dio respuesta la Sala de Gobierno con el acuerdo de "no aprobar, por carecer de competencias, las normas para el funcionamiento de las reuniones plenarias de magistrados del Tribunal Supremo", según una nota oficial de la Oficina de Prensa del propio tribunal. La asamblea de magistrados del Supremo sometió a la aprobación de la Sala de Gobierno unas normas que contemplaban la posibilidad de reuniones en la sede del mismo "para tratar asuntos comunes de interés general".
Las normas preveían también la creación de unas "comisiones de trabajo" que se encargarían de realizar las gestiones que les fueran encomendadas sobre distintos temas. La convocatoria de las reuniones podría hacerse por iniciativa del presidente, de una de las comisiones de trabajo o "a instancias de 10 o más magistrados".
"Consejo paralelo"
Los magistrados del Tribunal Supremo dejaron constancia de "su más absoluto respeto a los principios de la división de poderes y a la soberanía parlamentaria", así como que su único objetivo era "la afirmación de la posición institucional del Tribunal Supremo". Además, en el escrito de convocatoria de la asamblea descartaron que se pretendiera establecer "un órgano ni tan siquiera al margen de la Sala de Gobierno".
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial expresó su preocupación por que ocurriera justamente todo lo contrario, ya que además de la aprobación de estas normas, los magistrados se pronunciaron a favor de que regresasen al Supremo los integrantes del mismo que desempeñan funciones en otras jurisdicciones
También abordaron la equiparación retributiva a todos los efectos con el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, que para este ejercicio han obtenido incrementos del 3,2% frente al 1,8% del Supremo. Tal equiparación debía verificarse aunque los aumentos salariales fuesen de menor cuantía e incluso no hubiese ningún aumento en los otros tribunales. El CGPJ interpretó que estas reuniones podrían derivar en una especie de "Consejo paralelo".
La Sala de Gobierno que ha rechazado institucionalizar estas reuniones está integrada por el presidente del Supremo, los presidentes de sus cinco salas, y cinco magistrados elegidos por sufragio, entre los que predominan los conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura.
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