Financiación, gestión y deuda
Asistimos en los últimos tiempos a un interesante y necesario debate sobre el sistema de financiación de la Generalitat de Cataluña. Ciertamente hay un trato injusto y desequilibrado en las relaciones fiscales entre la Administración del Estado y Cataluña, la diferencia entre la contribución de los catalanes a las arcas del Estado y lo que recibimos anualmente en Cataluña (el llamado déficit fiscal) oscila entre 700.000 millones y más de un billón de pesetas. Cataluña, cuya población representa el 15,3% del total de España, ha aportado en los últimos años el 19% de los recursos fiscales del Estado y ha recibido únicamente el 13,5% de los gastos de la Administración central (el porcentaje en inversión pública fue aún menor, sólo del 10%). Se debería establecer un nuevo pacto fiscal que reequilibrara y reestructurara la relación entre Cataluña y España de manera que los ciudadanos de Sant Vicenç dels Horts o Reus recibieran la misma cantidad de pesetas por persona para educación o sanidad que los de Lugo o Huelva (lo cual no ocurre ahora), y por otra parte parecería aceptable que los catalanes, que poseemos un nivel de ingresos mayor que la media española, contribuyéramos en proporción a nuestra renta a los ingresos fiscales del Estado. Sin embargo una visión completa del problema financiero de la Generalitat debe considerar también las deficiencias en la gestión económica del Gobierno de Convergència i Unió, con duplicidades de administraciones, servicios y cargos públicos; un enquistado clientelismo político; agujeros financieros no aclarados, como los 800 millones del Consorcio de Turismo de Cataluña; presupuestos que presentan desviaciones de más del 17%; facturas sanitarias por importe de más de 10.000 millones que se dejan de contabilizar y se trasladan de un año a otro para no incrementar las cifras del déficit; tasas que no se cobran, etcétera. En definitiva, una incapacidad política para gestionar eficientemente el dinero público. Ambas cuestiones, sistema de financiación injusto y mala gestión en los recursos públicos, han provocado un crecimiento insostenible a medio plazo de la deuda de la Generalitat, que ha aumentado en los últimos tiempos en cerca de 200.000 millones anuales y ha alcanzado para el conjunto del sector público de la Generalitat de Cataluña la cifra de 2,2 billones de pesetas. En consecuencia, es urgente la realización de una nueva política económica capaz de realizar las dos tareas citadas. Se trataría en primer lugar de lograr un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias catalanas para establecer las bases de un nuevo pacto fiscal con el Estado que permitiese autonomía financiera a la Generalitat de Cataluña, otorgándole la capacidad de incidir normativamente sobre los impuestos que se pagan en Cataluña; asimismo la Generalitat recaudaría y gestionaría los tributos que se recaudan en Cataluña, estableciendo un acuerdo sobre la parte de los ingresos fiscales que obtendría la Administración central con objeto de cubrir tanto la participación en los servicios generales del Estado como los gastos de la Administración central en Cataluña y uno o varios fondos de solidaridad interterritorial. Como consecuencia del pacto, el déficit fiscal de Cataluña se vería reducido sustancialmente, lo que permitiría ofrecer mejores servicios educativos, sanitarios, etcétera, a los ciudadanos. El acuerdo anterior debería incluir también un incremento de la autonomía financiera y de los recursos de las administraciones locales (en un horizonte de distribución del gasto público entre Administración central, autonomías y corporaciones locales del 40%, el 30% y el 30%, respectivamente). Asimismo el pacto fiscal anteriormente descrito u otros
